Este artículo se publicó hace 15 años.
La Junta de Andalucía vende en Utrera 60 casas a 1.200 euros
Los vecinos las habitan en régimen de alquiler desde 1964, cuando una riada asoló la localidad
Francisca Garrido Morales, de 83 años, enseña orgullosa una foto en blanco y negro en la que sale junto a su marido y rodeada por sus diez hijos. Está en el salón de su casa, con la tele puesta y con su vecina Manuela Blanco sentada al lado. Entre las dos han criado 16 hijos diez una y seis la otra y ahora, una vez que han volado del nido, se hacen mutua compañía.
Ambas familias llegaron en diciembre de 1964 a la barriada Coronación de Utrera (Sevilla), levantada después de que una riada asolara la localidad, a 23 kilómetros de Sevilla. Ayer, se mostraron contentas ante la posibilidad de comprar por fin la casa de tres habitaciones, unos 70 metros cuadrados, en la que han vivido de alquiler 45 años.
La Junta de Andalucía, propietaria de las 60 viviendas del barrio, las ha puesto a disposición de los vecinos que las quieran, tras las gestiones del alcalde, el andalucista Francisco Jiménez, por 1.200 euros. Un precio que pueden abonar de una vez, más 300 euros por los gastos de notaría, o bien desembolsando 88 euros al mes durante un año.
1.500 pesetas de 1964Francisca y Manuela, ambas viudas, pagaron 1.500 pesetas de 1964 cuando entraron en la casa y, después, una renta mensual de 225 pesetas. Ellas no llegaron como damnificadas por la riada, sino porque vivían en pisos que eran muy pequeños para toda la familia. Las autoridades de aquella época las trasladaron a la conocida entonces como barriada de los arrecogíos. El último mes, la cuota ascendió a 8,10 euros. "Siempre hemos tenido la esperanza de que fueran para nosotros. El día que faltemos, [nuestros hijos] tendrán un rincón", desearon Francisca y Manuela.
Otros vecinos estaban menos ufanos. Después de tantos años, consideraban las viviendas como suyas y se quejaban del desembolso. Vanesa Ginés, también vecina, resumió a Europa Press la cuestión: "Hay gente que está de acuerdo y otra que no, pero si no las compramos nos echan a la calle. Si nos hubieran dado varios meses para reunir el dinero podríamos pagarlo del tirón, pero en un mes no podemos reunirlo".
"Las más baratas del mundo"No es la primera vez que la Junta de Andalucía pone en marcha una venta como esta. Es un proceso regulado en el que se establece una serie de parámetros, entre los que se cuentan los años que la familia lleve habitando la vivienda, la fidelidad en el pago, si son o no familia numerosa y el estado de las viviendas, que dan como resultado el precio.
"Exagerando un poco podríamos decir que son las casas más baratas que se pueden adquirir en toda España y quizás en todo el mundo. Comparativamente, un metro cuadrado de una vivienda de protección oficial en Utrera cuesta 1.200 euros, por lo que están adquiriendo realmente una vivienda al precio de un metro cuadrado construido", manifestó el alcalde. "Son las casas más baratas del mundo, pero son pocas las facilidades de pago con la actual crisis", replicó Vanesa Ginés.
Las casas, de dos plantas (tres habitaciones arriba; un zaguán, un salón y cocina abajo), están calificadas como de protección oficial (VPO). Tras la venta, seguirán siendo VPO, por lo que, si se quieren vender después en el mercado libre, en el que se pagan cantidades mayores, deberán descalificarse.
La Policía desaloja a 102 okupasLa Policía Nacional desalojó ayer en Valencia, por orden judicial, tres edificios de la zona de la Beneficència. Los agentes identificaron a un total de 102 okupas, de los que 26 fueron detenidos (20 por un supuesto delito de ocupación ilegal y seis por una presunta infracción de la Ley de Extranjería). El desalojo comenzó alrededor de las 7.00 horas.
El delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Ricardo Peralta, explicó que los inmuebles eran propiedad de la Conselleria de Cultura, cuyos responsables ya habían denunciado esta ocupación ilegal. Por otra parte, en Madrid, un grupo de vecinos del barrio de Lavapiés que usa un solar de la calle Olivar desde 2003 ha iniciado un proceso de recogida de firmas para evitar su desalojo inminente.
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