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Junta asegura que ningún funcionario del Juzgado Penal 1 estuvo de baja 5 meses

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La Junta de Andalucía ha asegurado hoy que ningún funcionario del Juzgado Penal 1 de Sevilla ha estado cinco meses de baja laboral, en contra de los que asegura su titular, Rafael Tirado, para explicar el motivo de que Santiago del Valle, presunto asesino de Mari Luz, estuviera en libertad.

El pasado 28 de marzo, Tirado Márquez explicó a Efe que siempre que la causa estuvo bajo su control, ésta se tramitó con celeridad, aunque lamentó que la funcionaria encargada de hacerlo estuviera cinco meses de baja sin sustitución.

Según su versión, la funcionaria encargada de ejecutar las sentencias estuvo de baja ese periodo de tiempo sin ser sustituida por la Junta de Andalucía, lo que acarreó un atraso en las seiscientas sentencias que se encuentran en fase de ejecución en su juzgado.

La delegación provincial de Justicia y Administración Pública, por su parte, ha negado hoy en un comunicado estos hechos y ha asegurado que ningún funcionario del Juzgado Penal 1 de Sevilla ha estado cinco meses de baja laboral.

Según la Delegación Provincial de Justicia de Sevilla, el 29 de marzo de 2006 una funcionaria del Cuerpo de Tramitación del Juzgado número 1 de lo Penal de Sevilla estuvo de baja 43 días debido a un esguince de tobillo, precisa el comunicado.

La Delegación Provincial de Justicia de Sevilla la sustituyó cuarenta días después, el 8 de mayo, hasta que se incorporó de nuevo la titular.

Por tanto, la funcionaria titular del cuerpo de tramitación estuvo de baja 43 días en todo el año 2006.

Por otra parte, una funcionaria del Cuerpo de Auxilio Judicial inició una baja laboral el 31 de octubre de 2006 y se incorporó un mes más tarde.

La Junta de Andalucía espera que la Inspección del Consejo General del Poder Judicial aclare con rapidez el retraso en la tramitación de la ejecución de una sentencia de un caso tan grave como éste.

El retraso en el control de la ejecutoria de la sentencia, de enero de 2006, está siendo investigado por la Inspección del Consejo General del Poder Judicial, dado que la responsabilidad de dar prioridad y la prelación de los casos corresponde al órgano judicial, así como a la dirección de la oficina judicial, tal y como recoge la Ley Orgánica del Poder Judicial.