La Junta destaca la "normalidad" en la aplicación de la ley de muerte digna

La consejera andaluza de Salud, María Jesús Montero, ha destacado hoy "la normalidad" con la que se aplica la denominada ley de muerte digna, pionera en España, y ha señalado que el hospital Blanca Paloma, de Huelva, ha colaborado en el caso de Ramona Estévez, a quien se le ha retirado la sonda nasogástrica.

Montero ha explicado, a preguntas de los periodistas, que su departamento no ha tenido que dar ninguna "orden" a este centro del grupo Pascual, concertado con el Servicio Andaluz de Salud (SAS), para que atendiera la petición de los familiares de Ramona Estévez, sino que ha bastado una "aclaración" sobre la aplicación de la ley de muerte digna.

Ha precisado que la petición de los hijos de esta paciente, en coma irreversible tras sufrir un derrame cerebral, supone "un rechazo al tratamiento", supuesto "perfectamente contemplado" en la ley andaluza y que "nada más" conocer la situación de Ramona Estévez y ponerse en contacto con el hospital onubense se aclaró "cualquier cuestión" susceptible de duda.

"La aplicación de la ley de muerte diga se está haciendo con total normalidad en todos nuestros centros sanitarios, pero si alguna persona entiende que no se respetan sus derechos o tiene algún obstáculo para poder desarrollarlos tiene a su disposición todos los mecanismos para pode reclamarlos y, entre ellos, dirigirse a la propia Administración", ha indicado.

Montero ha revelado otros casos en los que profesionales han demandado aclaraciones sobre actuaciones terapéuticas, incluso a través del servicio de información telefónica "Salud Responde", aunque ha recordado que tanto los centros como los profesionales sanitarios tienen "la obligación" de conocer esta ley, "de obligado cumplimiento tanto en centros públicos como privados".

La consejera ha recordado que los centros hospitalarios "son los responsables" de arbitrar los mecanismos para el cumplimiento de la ley de muerte digna y ha recomendado que aprueben protocolos de actuación para agilizar este tipo de actuaciones y no demorar las peticiones de los pacientes o de sus familiares.

Ramona Estévez, a quien ya se le ha desconectado la sonda nasogástrica, sufrió un derrame cerebral el 26 de julio y fue derivada del hospital público Juan Ramón Jiménez al centro privado Blanca Paloma, donde la familia se negó a que fuese sondada.

El 4 de agosto, el médico que atendía a Estévez dio a la familia un ultimátum: "O le ponía la sonda o le quitaba el suero y nos la llevábamos a casa bajo nuestra responsabilidad, advirtiéndonos de que no alimentarla estaba castigado por el Código Penal, y cedimos ante el chantaje".

Fue entonces cuando se dirigió al director del centro para interponer una queja, lo que motivó la consulta de éste con la Consejería de Salud y la posterior retirada de la sonda.