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El jurado reclama la pena íntegra por asesinato para el italiano que mató a su ex novia

EFE

El italiano Giuseppe Massimo Chindamo, de 55 años, fue declarado hoy culpable del asesinato de su ex novia, ocurrido en 2006 en Las Palmas de Gran Canaria, por un jurado popular, que ha reclamado también que el agresor cumpla la pena de forma íntegra y que no pueda redimirla.

Según el veredicto leído este mediodía en audiencia pública, el jurado aprecia en la muerte de la colombiana de 45 años María Elena Pedraza Velázquez, ocurrida a las puertas de la sede de Cruz Roja de la capital grancanaria, las agravantes de alevosía, ensañamiento y parentesco.

A tenor del veredicto del jurado, la fiscal solicitó para el agresor una pena de 23 años de cárcel por asesinato y un año más de prisión por quebrantamiento de condena, mientras que la acusación particular eleva su petición a los 31 años por ambos delitos.

El jurado considera que el acusado estaba en plena facultades físicas y mentales cuando mató de varias puñaladas, en plena calle, a su ex novia, a quien ya había maltratado y amenazado meses antes, por lo cual fue condenado a diez años de prisión por un Juzgado de Violencia sobre la mujer.

A pesar de la orden de alejamiento que pesaba sobre él, Giuseppe Massimo deambuló en varias ocasiones por los alrededores del domicilio de su ex novia para saber sus movimientos.

El jurado considera probado que cuando el 9 de mayo de 2006 el italiano vio a su pareja a las puertas de la Cruz Roja, a donde la víctima había acudido por motivos laborales, se acercó a ella con intención de acabar con su vida.

Tras discutir con ella, la asestó varias heridas por la espalda con un cuchillo de submarinismo, con la idea no sólo de matarla, sino de que sufriera, según el jurado.

El agresor huyó de Gran Canaria después de los hechos y se ocultó en una cueva de La Gomera, donde fue detenido días después.

Por unanimidad de sus miembros, el jurado declaró hoy al agresor culpable de un delito de asesinato y de otro de quebrantamiento de condena, penas que, a su juicio, ha de cumplir en su integridad.

Tras la lectura del veredicto, la fiscal solicitó para el acusado la pena de 23 años de prisión por el delito de asesinato y un año más por el de quebrantamiento de condena, mientras que los abogados de la acción popular ejercida por el Ayuntamiento de la capital y el Gobierno de Canarias, así como el abogado del Estado, reclamaron la misma pena por quebrantamiento, pero elevaron a 25 años de cárcel la pena por asesinato.

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