Justicia altera un registro oficial para extraditar a un extranjero

ZARAGOZA.- Mohamed Hamdoun lleva año y medio preso en Marruecos tras haber sido víctima de una cadena de despropósitos y tropelías burocráticos en España, donde llevaba tres lustros con ‘papeles’ –los obtuvo en 1999- y había cotizado casi una década.

De la formalización de la nacionalidad dependía que pudiera ser o no entregado al país africano, ya que el convenio de auxilio jurídico internacional entre España y Marruecos contempla que “ninguno de los dos Estados concederán la extradición de sus nacionales respectivos”.
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Alteración de un registro oficial

La Sección Tercera de lo Contencioso de la Audiencia Nacional acaba de declarar “nula de pleno derecho” la resolución por la que Registros declaró, sin más trámites, denegada la nacionalidad española de Hamdoun apenas medio año después de habérsela concedido. Lo ha hecho en una sentencia en la que alerta del “peligro que supone la manipulación de las bases de datos que permiten eliminar resoluciones administrativas sin aportar información en ese sistema informático de las vicisitudes del procedimiento”. Aunque rechaza deducir testimonio para abrir una investigación.

‘Pantallazo’ en Zaragoza

La Audiencia Nacional pone “de relieve que a no ser por la copia impresa realizada por el Registro Civil con anterioridad a realizarse esa eliminación del sistema informático no hubiera quedado constancia en el Registro Civil de Zaragoza de la existencia de dos resoluciones contradictorias en el mismo expediente”.

Con ‘papeles’ desde septiembre de 1999 y casi una década cotizada

El tribunal declara nula la resolución denegatoria, aunque rechaza pronunciarse sobre dos aspectos que la abogada de Mohamed, la zaragozana Pilar Bernabeu, considera clave: si la inicial sigue siendo válida o si ha caducado al no haber tenido lugar el acto de jura.

Argumentos jurídicos

Justicia se agarró a ese dictamen para retirársela, algo que, según la letrada, le causó a Mohamed indefensión “porque se le ha denegado la nacionalidad española por motivos que no ha podido rebatir en vía administrativa” y “prescindiendo del procedimiento legalmente establecido”. El Consejo de Ministros acordó poco después su entrega, que fue ejecutada el 19 de diciembre de 2013. El Constitucional le denegó su amparo.