La Justicia de Guatemala dicta una condena histórica por la matanza de 256 indígenas

Oscar René Oliva

Cinco exparamilitares guatemaltecos fueron condenados hoy a 7.710 años de prisión, la sentencia más alta en la historia judicial de Guatemala, por la matanza hace casi 30 años de 256 indígenas en una comunidad rural de este país centroamericano.

La masacre, una de las 600 perpetradas durante la guerra interna que desangró Guatemala entre 1960 y 1996, ocurrió el 18 de julio de 1982 en la comunidad de Plan Sánchez, ubicada en el municipio de Rabinal del departamento norteño de Baja Verapaz.

En declaraciones a Efe, familiares de las víctimas y activistas de los derechos humanos calificaron como "importante" la sentencia y señalaron que demuestra que el sistema judicial guatemalteco funciona.

La presidenta del Tribunal Primero B de Mayor Riesgo, Jazmín Barrios, aseguró al leer su dictámen que durante el juicio, iniciado el miércoles pasado, quedó demostrada la participación en la masacre de los cinco imputados, procesados por los delitos de asesinato y "deberes contra la humanidad", como tipifica la Justicia guatemalteca el delito de lesa humanidad.

Los condenados son los expatrulleros civiles Eusebio Grave, Julián y Mario Acoj, y Santos Rosales, así como el excomisionado militar Lucas Tecú, capturados en agosto pasado.

La jueza Barrios manifestó que los cinco exparamilitares son culpables como autores de los 256 asesinatos y los sentenció a 30 años de cárcel inconmutables por cada crimen, lo que hace un total de 7.680 para cada uno de ellos.

Además, les impuso otros 30 años por el delito de lesa humanidad, para hacer un total de 7.710 años de prisión, la condena más alta en la historia judicial de Guatemala.

Sin embargo, la jueza aclaró que los sentenciados solo deberán cumplir 50 años de prisión, la pena máxima establecida en el Código Penal.

Los testimonios y peritajes presentados durante el juicio demostraron que los imputados actuaron con "alevosía, premeditación, ensañamiento y con perversidad brutal", señaló la sentencia judicial.

La jueza Barrios manifestó que de acuerdo con los testimonios a los que el tribunal les dio valor probatorio, las mujeres fueron violadas, torturadas y asesinadas, y además todas las víctimas fueron quemadas para asegurarse los autores su impunidad.

"Resulta inexplicable la actitud de los miembros del Ejército que masacraron a la población y su intensidad rebasó los límites" porque fue una acción planificada, remarcó la jueza.

Según las investigaciones del Ministerio Público, los condenados formaban parte de la unidad militar que ingresó a Plan de Sánchez para asesinar al menos a 256 de sus habitantes, la mayoría mujeres y niños.

Uno de los testigos en el juicio, Benjamín Gerónimo, dijo a Efe que era "importante" la sentencia dictada este martes, porque "así la población se da cuenta que no es fácil cometer un delito sin que se le haga justicia".

Gerómino afirmó haber perdido en la matanza a trece familiares, entre ellos a su madre y a varias de sus hermanas.

"Yo vi a los cinco en la comunidad cuando participaron en la masacre, yo personalmente vi cuando se llevaron a mi mamá y a mis hermanas", sostuvo el campesino, quien es presidente de la Asociación Justicia y Reconciliación (AJR), que actuó como querellante en el proceso.

Gerónimo reconoció que no está "totalmente satisfecho" con la sentencia porque con ella "no se recupera la vida" de sus familiares asesinados.

El director del Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos (Caldh), Juan Francisco Soto, también querellante en el proceso, dijo a Efe que compartía el criterio del tribunal y que la sentencia demuestra que el sistema de justicia está avanzando.

"Nos complace escuchar sentencias de este tipo y las medidas de reparación para dignificar a las víctimas", subrayó.

Además de los 7.710 años de prisión, el tribunal ordenó a los ministerios de Educación y Cultura elaborar un documental pedagógico para honrar la memoria de las víctimas.

Esta es la segunda sentencia por masacres que se dictan en Guatemala.

El pasado 2 de agosto, otro tribunal de Alto Riesgo condenó a cuatro exmilitares guatemaltecos a 6.030 años de prisión cada uno por la matanza de los 201 campesinos el 7 de diciembre de 1982 en la comunidad de Dos Erres, municipio de La Libertad, en el norteño departamento de Petén, y otros 30 por delitos de lesa humanidad.

La semana pasada también fue sentenciado a la misma pena el exmilitar Pedro Pimentel, extraditado de Estados Unidos en julio de 2011, tras declararlo culpable de haber participado en la matanza de la comunidad de Dos Erres.