Tras reconstruir en sus obras el avance del bando nacional y la represión en Huelva, Sevilla y Badajoz, el historiador Francisco Espinosa lleva a las librerías Callar al mensajero (Península), donde documenta 12 casos de víctimas del franquismo, testigos, documentalistas o historiadores cuyas voces fueron silenciadas en plena democracia, en ocasiones con la complicidad del Estado.

¿Sigue habiendo tabúes sobre la represión?

Sí, pero se han roto muchos. Ya desde ante del inicio del movimiento de memoria, hubo desde los 80 varias investigaciones importantísimas, porque constituían el acta de desaparición del abuelo, el padre...

¿Garzón quiso entrar en un jardín prohibido?

Es evidente. Pero su intento tiene un mérito: puso en términos jurídicos lo que estaba dicho en palabras de historia sobre lo ocurrido tras el 18 de julio. La justicia se ha quitado la careta, como cada vez que ha hecho falta. Ya lo hizo con Ruiz Vergara [autor de la película Rocío, censurada por el Supremo en el 84]. Entonces era abiertamente franquista. Ahora, aunque disimulado, tiene un núcleo conservador.

¿Hay miedo en la derecha a deslegitimar el franquismo?

La derecha española no puede ser como la alemana porque tiene conciencia de ganadora. A diferencia de Alemania, Italia o Austria, en España el fascismo ganó y se perpetuó, controlando la transición mediante el ejército. Aquí se ha logrado evitar que Garzón demostrase la criminalidad del franquismo con la lógica jurídica.

¿Cree que no hubo un cambio democrático real?

¿Cuándo? Franco murió en el 75. ¿Fue entonces, o en el 78? ¿Fue con la Constitución, con el harakiri de las Cortes? No hay punto de cambio. La gente se quita la camisa azul, se pone la otra y se presenta como demócrata de toda la vida.

¿Lo atribuye al vínculo familiar de la clase política con el franquismo?

Pero eso pasa a todos los niveles, y mientras a un nivel más alto te muevas, más. ¿Quién estudiaba en España? La mayoría era de familia burguesa, es de cajón. Mira la judicatura. La mayoría, incluso de los que hemos investigado la represión, somos de familias de derechas. Incluso los jueces progresistas lo son. Se puede saltar ese condicionante.

¿Ha hecho mella en la percepción de la historia el repunte del revisionismo?

No sé dónde hubiera llegado si el PP gana en 2004, porque tras los primeros síntomas a finales de los 90, en 2000 se quitaron la careta con una recuperación del franquismo y una crítica absoluta de la experiencia democrática republicana, sirviéndose de propagandistas como Pío Moa o César Vidal.

¿Qué supondría una sentencia en Estrasburgo favorable a la familia de Luis Dorado Luque?

Sería muy importante y abriría nuevas puertas. Es algo que se puede conseguir en cualquier momento, o también que no se consiga nunca. Pasa como con la inhibición de Garzón, que a mí me parece fatal, pero
que puede hacer que hayas jueces que abran otras vías.

¿Qué suscita su interés por las voces acalladas, recogido en Callar al mensajero?

Es algo que conocemos de sobra los investigadores. Recuerdo el impacto que produjo la película Rocío, de Fernando Ruiz Vergara. La pantalla se quedaba en negro varias veces por una sentencia de 1984 Supremo que obligaba a suprimir las partes en que se identificaba a José María Reales, con nombres y apellidos, como el principal represor en Almonte. En cuanto empezó a circular, su familia, de terratenientes, lo cortó.

La película se exhibió otra vez en Huelva en 2005.

Pero no íntegra. Le hacíamos un homenaje a Ruiz Vergara, que traía las dos versiones: la original y la otra. La hermandad del Rocío y el Partido Andalucista empezaron a movilizarse en contra. Los medios le ponían el micrófono a la familia Reales, clientes de El Monte, en cuya sala se iba a exhibir la película.

Usted tuvo problemas para presentar La justicia de Queipo en Sevilla. ¿Hubo ocultación?

Hubo un deseo de no presentarlo. Fue un libro que hice con materiales del archivo militar, abierto en el 97. Los pocos historiadores que entramos vimos que lo que había era impresionante. Por entonces, el archivo no ponía trabas de acceso, algo impensable. Cuando lo leíamos entonces, pensábamos: Esto nunca va a salir. Al final busqué una imprenta y lo edité yo mismo. Para presentarlo, contacté con la Casa de la Provincia [Diputación]. Primero parecía que sí, pero al final lo leerían y no les haría gracia, supongo. Empezaron a darme largas. Y no se presentó. En 2006 lo recuperó Crítica.

¿Existe suficiente libertad de acceso a los archivos?

Se ha abierto mucho, pero falta una política archivística racional. Cuando incorporaron archivos militares a la estructura civil, permitieron que los siguieran controlando los militares. Sigues dependiendo de ellos.

¿La Iglesia ha aportado su información disponible?

Por la Ley de Patrimonio Documental, debería. Pero hay un problema: la documentación la controlan y catalogan ellos, y no personal del Cuerpo de Archiveros del Estado, que para eso está. De la otra forma, cuando hay un papel delicado, lo ponen en la caja B. O lo pueden quemar perfectamente.

Queda poco para que desaparezca la generación que vivió la guerra. ¿Qué supone eso para España?

Es una pérdida de memoria absoluta. La actitud del poder durante los años 80 y 90 ha sido fundamental para tapar su testimonio. Había mucha gente que tenía escritas memorias, pero las tiraron al ver que el tema no interesaba. Da la impresión de que la Ley de Memoria Histórica se hizo para cerrar el tema. No se tocaron los aspectos básicos, como que el Estado asuma las exhumaciones.