El Juzgado número Uno de Haro verá hoy la vista oral por la demanda presentada por un conductor que reclama 20.000 euros por daños en su vehículo a los padres de un joven ciclista, a quien atropelló y mató en 2004 en Castañares de Rioja.

En paralelo al procedimiento judicial que dirimirá esta demanda civil, en la última semana se ha desarrollado otro juicio social, con un gran movimiento ciudadano en apoyo a los padres de Enaitz Iriondo Trinidad, y la posibilidad de reabrir el caso por una posible infracción del conductor.

El accidente mortal ocurrió el 26 de agosto de 2004, cuando el joven de 17 años, natural de Durango (Vizcaya), regresaba en bicicleta al cámping de Castañares de Rioja, donde estaba de vacaciones con sus padres, Antonio y Rosa.

En marzo de 2006, el conductor, Tomás Delgado Bartolomé, de 43 años y vecino de Santo Domingo de la Calzada (La Rioja), reclamó a los padres de Enaitz 20.000 euros en concepto de los daños ocasionados a su vehículo, un Audi A-8, y los gastos de alquiler de otro coche.

Un mes después del atropello mortal, el Juzgado de Haro acordó archivar las diligencias porque se consideró que el hecho no supuso una infracción penal.

El atestado de la Guardia Civil indicaba que Tomás Delgado circulaba a 113 kilómetros por hora -en una vía limitada a 90- cuando atropelló al joven vizcaíno, que se desplazaba en su bicicleta de noche sin casco ni chaleco reflectante y se saltó un stop cuando se incorporó a esta carretera.

El conductor arrojó una tasa de alcoholemia de 0,15 gramos por litro de aire espirado, dentro de lo permitido, pero los agentes le hicieron la prueba hora y media después del accidente.

Sin embargo, los padres encargaron otro informe pericial, que refleja que Tomás Delgado viajaba a 173,9 kilómetros por hora y que atropelló a Enaitz cuando éste ya circulaba por la carretera, no en el momento de incorporarse a la vía.

Además, Rosa y Antonio sostienen que si le hubiesen hecho la prueba de alcoholemia en el momento del accidente, Tomás Delgado habría dado una tasa superior al límite legal.

Si el conductor no hubiese presentado la demanda por los daños en el vehículo, los padres de Enaitz no habrían denunciado estos hechos, que ayer les llevaron hasta el despacho del Fiscal Superior de La Rioja, Juan Calparsoro, quien ha ordenado que se inicie una investigación para decidir si reabre el caso por la vía penal.

El fiscal deberá resolver si pide a un juez que se abra un procedimiento por un posible delito de homicidio por imprudencia grave, por el que podría solicitar una pena de uno a cuatro años de prisión y la privación del permiso de conducir de entre uno y seis años.