Casi uno de cada seis euros (concretamente, el 57,82%) que han ingresado en los últimos años las corporaciones locales han dependido directamente del sector inmobiliario. Por eso, la crisis del ladrillo ha supuesto para las cuentas de estas administraciones un impacto mucho mayor que el que ha sufrido el Gobierno central o las comunidades autónomas.

Por ejemplo, según destaca un informe realizado por el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), un 11,52% de los ingresos municipales han estado asociados a la actividad urbanística (de acuerdo con los últimos presupuestos locales liquidados, de 2006), como las tasas por licencias de construcción o cuotas de construcción, por aprovechamientos y concesiones y por enajenación de terrenos. "Si consideramos que en la actualidad estas cifras han caído en picado fruto de la crisis inmobiliaria, los municipios tienen más de un 10% de sus gastos que deberán cubrir por otras vías", destaca el informe.

Junto a esto recursos, hay tres impuestos ligados a la vivienda, que suponen casi la mitad de la recaudación fiscal de los ayuntamientos: el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), el Impuesto sobre Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (la conocida como Plusvalía municipal), y el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

Los expertos del REAF destacan que la recaudación de estos dos últimos impuestos, que venían representando el 17% del total, también se ha desplomado a consecuencia de la crisis (el IBI, que depende del valor catastral de las viviendas, es relativamente más estable), lo que agrava el agujero de las cuentas municipales.

Los asesores fiscales del Colegio de Economistas destacan que la crisis ha hundido la fiscalidad municipal, por lo que plantean diversas medidas para mejorar los recursos de las corporaciones locales. Entre sus propuestas destaca la eliminación de la Plusvalía municipal, un tributo que consideran "arcaico" y "que no tiene mucho sentido", que podría sustituirse por un recargo en el IRPF dirigido a financiar los ayuntamientos.

Para el REAF, la carencia de ingresos que están sufriendo las corporaciones locales, que, además están financiando competencias que no le son propias, debería "compensarse vía impuestos estatales o con aportaciones de las comunidades autónomas", según dijo Emilio Álvarez, del Consejo General de Economistas.

Asimismo, los economistas instaron a establecer la obligatoriedad de auditorías externas en todos los ayuntamientos para fiscalizar sus cuentas. Según Álvarez, de un total de 20.630 entidades públicas analizadas el Colegio de Economistas catalán a junio de 2009, sólo 1.041 auditaban sus cuentas, lo que significa un "escaso" 5%.