La eutanasia, un derecho conquistado que podría perderse con un Gobierno de PP y Vox
Alberto Núñez Feijóo ha abierto la puerta a derogar por completo la norma si llega a Moncloa.
Derecho a Morir Dignamente llama a defender en las urnas "un derecho conquistado tras décadas de lucha social".

La ley de eutanasia, aprobada en España en 2021, supuso un cambio histórico. Por primera vez, la Justicia reconocía el derecho de las personas que cumplen determinados requisitos a solicitar ayuda médica para morir y poner fin a un sufrimiento que consideran intolerable. Cinco años después de su aprobación, ese derecho podría estar en riesgo ante la posibilidad de un cambio de Gobierno. Alberto Núñez Feijóo ya ha anunciado que modificará la ley si gana en las urnas este 29N. Lo hizo durante el 'cara a cara' con el presidente Pedro Sánchez este jueves, en el que aseguró que "sin ninguna duda" cambiará la norma. "La muerte digna hay que respetarla, pero la vida digna hay que promoverla", insistió.
Unos días antes, Feijóo ya había abierto la puerta a derogar por completo la norma si llega a Moncloa. "¿Nosotros estamos de acuerdo con la ley de la eutanasia? No. ¿Queremos modificar la ley de la eutanasia? Sí. ¿Esa modificación puede ser una derogación total o parcial? Por supuesto", manifestó en una entrevista en el pódcast El sentido de la birra.
El candidato popular volvió a insistir en que, junto a la regulación de la "muerte digna", hay que garantizar una "vida digna". Para ello, Feijóo pone el foco en el asesoramiento y el seguimiento de quienes solicitan la eutanasia. "Tenemos que asesorar bien a una persona que aparentemente toma la decisión de poner fin a su vida. Digo aparentemente porque hasta que la tome, no es una decisión definitiva. Hay que monitorizar esos casos para ver si es una decisión irrevocable o, por el contrario, es una decisión en el contexto en el que tiene que tomarlo", señaló en el pódcast. Aunque no aclaró qué ocurrirá en el caso de que, después de ese proceso de evaluación, la persona mantenga su voluntad de morir.
Las declaraciones de Feijóo van un paso más allá de lo que recoge el programa electoral de su partido para el 29N, donde el PP se compromete a "revisar la Ley de Eutanasia tomando en consideración la opinión del Comité de Bioética", pero no concretan qué aspectos pretenden modificar ni si esa revisión podría acabar en una derogación. Lo que sí proponen en el documento es la aprobación de una ley nacional de cuidados paliativos para homogeneizar su desarrollo y sus estándares de calidad en todo el Sistema Nacional de Salud.
Por su parte, Vox, el que podría ser aliado del PP si la izquierda no revalida en la urnas, no contempla expresamente en su programa la derogación de la ley, como sí lo hacía en el documento de cara a las elecciones de 2023. En esta ocasión, Vox se limita a defender la vida "desde la concepción hasta la muerte" y "garantizar la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios", por lo que sin mencionar directamente la eutanasia, dejan entrever su rechazo.
Vox siempre ha mantenido una postura histórica y parlamentaria contraria a la ley de eutanasia. "Ni es un derecho quitarse la vida ni es un derecho pedir a otros que te la quiten. Matar a una persona no revierte ninguna dignidad. Por eso no pueden ustedes venir aquí a hablarnos de muerte digna cuando de lo que estamos hablando es de matar personas", afirmaba la diputada María Ruiz en el Congreso en junio de este año.
Además, ambos partidos han mantenido un discurso muy crítico durante el mediático caso de Noelia, la joven catalana que recibió la prestación de ayuda para morir 601 días después de la fecha inicialmente prevista, debido a los obstáculos judiciales. Feijóo afirmó este miércoles 18 de noviembre que la joven había sido "ejecutada", mientras que Abascal aseguró en su día que el Estado la había "suicidado".
Un derecho amparado por la Constitución
La Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia entró en vigor en junio de 2021, convirtiéndose España en el sexto país en el mundo en legalizar la prestación de ayuda para morir -ahora ya son 14 países quienes lo recogen entre sus leyes nacionales-. La norma establece un procedimiento con requisitos médicos y administrativos, plazos y controles, además de la intervención de la Comisión de Garantía y Evaluación, el órgano encargado de la supervisión del proceso. Es decir, no se trata de un acceso automático sino que la persona -que debe ser mayor de edad- debe sufrir una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante, formular dos solicitudes de manera voluntaria e informada, separadas por al menos 15 días, y que dos miembros de la comisión -un profesional médico y un jurista- verifiquen que se cumplen todos los requisitos.
Tanto PP como Vox votaron en contra de la ley en el Congreso y recurrieron la norma ante el Tribunal Constitucional, que terminó desestimando ambos recursos. En sus sentencias, el TC reconoció el "derecho de autodeterminación para decidir libre, informada y conscientemente el modo y momento de morir" en contextos de sufrimiento extremo, señalando que la Constitución "no acoge una concepción de la vida desconectada de la voluntad de la persona titular del derecho".
Derecho a Morir Dignamente, asociación que lucha por la defensa del acceso a una muerte sin sufrimiento desde 1984, llama a defender en las urnas "un derecho conquistado tras décadas de lucha social". "Nuestros derechos no pueden depender de la ideología o creencias de quienes nos gobiernen. Nuestros derechos deben ser defendidos día a día. Y más que nunca en las urnas", reivindican.


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