Quienes ayer por la mañana intentaron coger el tranvía en Sevilla no pudieron. Los vagones estaban ahí, pero no funcionaban. El Ejército, literalmente, acababa de invadir sus raíles. Los soldados comenzaron a desfilar como Dios manda, con sus armas y la bandera española a cuestas. Ordenados, veloces y con derecho a algún piropo entre paso y paso: “Guapa, my phone number is...”, gritó uno a una chica con un vaso de Sturbucks en una mano y una cámara de fotos en la otra. Los vagones, mientras tanto, seguían quietos. La invasión  iba a más. Policías, representantes del Ayuntamiento, profesores de la Universidad, jueces, fiscales… Y todos ellos juntos, junto al clero y las hermandades, que custodiaban a Dios en el día culmen de la fe –o el colmo para los laicos–: el Corpus Christi.

Constitución aparte, ¿es coherente que el Ejército, en representación del Estado, ondee la bandera en actos litúrgicos? ¿Es coherente que los ayuntamientos paguen con el dinero de creyentes y no creyentes los ornamentos para los balcones? ¿Es coherente que la Iglesia, azote de leyes socialistas, confíe en alcaldes como el de Sevilla –socialista también– para sus fiestas sagradas? ¿Es coherente que el alcalde asista en representación de la ciudad? Constitución aparte, muy coherente no es. Con la Constitución en la mano, tampoco: “Ninguna confesión tendrá carácter estatal” (art.16.3).

El pasado 16 de mayo, en una carta dirigida a las principales autoridades de Toledo –plato fuerte junto con Sevilla y Granada de la celebración del Corpus– Alternativa Laica reclamaba a los representantes públicos que no participasen en “eventos litúrgicos que, por más que provengan de tradiciones religiosas, nada tienen que ver con las funciones de los poderes públicos”. La carta admite el “arraigo” de la fiesta, pero afirma que la presencia de estos cargos transmite un “mensaje subliminal de identificación del poder civil con la religión católica”.

Días después, el cardenal arzobispo de Toledo y Primado de España, Antonio Cañizares, ofreció la visión contrapuesta y cargó contra el laicismo que, según su opinión, se pretende imponer a la sociedad española. “Las raíces de la fe y la identidad del pueblo toledano no quedan sobrepasadas por el laicismo”, afirmó Cañizares el 20 de mayo.

La denuncia de la “imposición” de un “laicismo radical” se ha convertido en los últimos años en una de las tesis más recurrentes del alto clero para criticar al Gobierno, pese a que sólo tras las últimas elecciones el Ejecutivo ha afirmado su intención de “avanzar” en este ámbito con una reforma de la ley de libertad religiosa.

Juan José González, coordinador de Alternativa Laica, denunció ayer que tanto la Iglesia como el poder civil, que defienden en apariencia opiniones distintas, eluden el fondo del debate. “Sobre el Corpus, las autoridades se justifican diciendo que es una gran tradición. Se puede acudir o apoyar el Corpus, pero no tiene sentido procesionar dentro del cortejo litúrgico tras los representantes de la Iglesia”, dijo, insistiendo en que Alternativa Laica, formada para contrarrestar estas situaciones, no plantea iniciativas “antirreligiosas”. “Queremos que se cumpla el principio de aconfesionalidad del Estado”, añade.

En Sevilla, el teniente de alcalde, Antonio Rodrigo Torrijos (IU), se niega a acudir a actos religiosos por respeto a los creyentes.  

Dentro de la catedral, abarrotada entre fieles y turistas, una señora con una gorra roja y leyenda “Vive la vida con Cruzcampo” intentaba explicarle a su amiga la historia de las Santas Justa y Rufina al paso de San Fernando. “Ay, mira qué monaguillos más guapos”, decía la amiga con interés cero en la vida de las santas. “Escúchame”, insistía la señora de la gorra. La amiga: “Vámonos ya, que esto está durando mucho y los niños están desmayados”. Ni caso. El caso es que a finales del siglo III, Justa y Rufina fueron torturadas por negarse a pagar una limosna para sacar en procesión a la diosa Venus en una gran fiesta pagana. Ellas eran cristianas, además de coherentes.