El presidente del Parlamento iraní, Ali Lariyani, instó hoy al Poder Judicial a hacerse cargo del informe presentado por comité especial del Parlamento sobre los disturbios postelectorales.

En declaraciones divulgadas por la agencia estudiantil de noticias Isna, el político conservador pidió que se procese y castigue a los culpables.

"Hemos seguido este asunto y ahora instamos al Poder Judicial a hacer lo mismo.... y a castigar a quienes sean culpables", señaló Lariyani.

El jefe del legislativo recordó que la creación del citado comité fue fruto de una sugerencia del líder supremo de la Revolución, el ayatolá Ali Jameneí, quien pidió que se investigaran los acontecimientos postelectorales.

Además, subrayó que Jameneí ha insistido en repetidas ocasiones en que no desea que se insulte a nadie o se cometan injusticias en su nombre.

Irán está sumido en una grave crisis política y social que ha dividido el país desde que el pasado 13 de junio se conociera la reelección del presidente, Mahmud Ahmadineyad, que la oposición considera fruto de un fraude masivo.

Ese mismo día, cientos de miles de personas se echaron a la calle al grito de "¿dónde está mi voto?".

En la violenta de las protestas represión murieron al menos unas treinta personas, según cifras oficiales, y 72 de acuerdo con el cómputo de los opositores.

Además, miles han sido detenidas, entre ellas cientos de responsables y partidarios de la oposición reformista, que lideran los candidatos derrotados, Mir Husein Musaví y Mehdi Karrubí.

Las protestas, que se mantienen desde hace seis meses, se agravaron el pasado 27 de diciembre, día sagrado de Ashura, tras una violenta represión en la que perdieron la vida ocho personas, según cifras oficiales.

El régimen iraní ha acusado a Estados Unidos y el Reino Unido de instigar la peor crisis que atraviesa la República Islámica desde su fundación en 1979.

Un informe presentado días atrás ante la Cámara certificó que durante la represión de las protestas se cometieron torturas y al menos tres personas murieron en la cárcel de Kahrizak, cerrada poco tiempo después.

El informe responsabilizo de la situación en el citado penal al entonces fiscal general de Teherán, Saed Mortazeví, quien ha negado las acusaciones.