El lastre de las viviendas expropiadas en la guerra

En el invierno de 1991 el matrimonio Vukovic recibió una carta de los juzgados en su domicilio en Osijek, una ciudad en el este de Croacia, que acababa de independizarse de Yugoslavia.

El Tribunal regional había ordenado su "expulsión a Serbia" por haber "colaborado en ayudar a la revuelta armada, con el fin de crear la Gran Serbia".

Al día siguiente, dos militares croatas se presentaron en la puerta del piso con la orden de abandonarlo de forma inmediata. Los Vukovic cogieron lo que pudieron de su casa y marcharon a Serbia.

La guerra entre croatas y el Ejército Popular Yugoslavo en la primavera de ese año desembocó en la declaración de independencia de Croacia en junio de 1991.

Durante el conflicto armado que se alargó hasta 1995 e inmediatamente después, más de 300.000 ciudadanos de etnia serbia abandonaron Croacia.

Durante el conflicto en los años 90 más de 300.000 serbios huyeron de Croacia

En virtud de una normativa aprobada por el Gobierno croata en septiembre de 1995, las propiedades pertenecientes a las personas que dejaron Croacia pasaron a estar controladas por el Estado.

Al mismo tiempo, se autorizó a acomodar en ellas a otras personas, mayoritariamente de etnia croata.

El informe sobre la adhesión de Croacia a la Unión Europea presentado ayer destaca que la situación sobre la expropiación de las propiedades durante la guerra sigue sin resolverse.

La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y otras instituciones internacionales exigen a Zagreb devolver las viviendas ocupadas o indemnizar a los antiguos inquilinos.

Protección estatal

Los tribunales croatas quitaron el derecho a vivienda a 100.000 personas

En la antigua Yugoslavia una gran mayoría de la población urbana vivía en pisos con derecho de ocupación de la vivienda de protección estatal.

Según la Constitución de Yugoslavia, este derecho tenía categoría legal y patrimonial. La administración gestionaba los pisos con fondos que provenían de las contribuciones de los trabajadores.

Las viviendas se otorgaban en uso de por vida, y, aunque el inquilino perdiera el trabajo, mantenía el derecho a la vivienda, e incluso podía dejarla en herencia a sus hijos.

El único modo de perder ese derecho era demostrar que el inquilino había abandonado el piso durante más de seis meses sin justificación. En ese caso, el Estado podía entregar la vivienda a otros usuarios.

No obstante, bajo la ley marcial que reinó durante la guerra de los años noventa, los tribunales croatas despojaron a miles de personas del derecho a usar sus casas.

Según datos de la OSCE, se anularon 29.800 derechos a la vivienda de los serbios que vivían en las zonas urbanas, lo cual dejó sin hogar a más de 100.000 personas.

Alegaron que los refugiados serbios habían abandonado sus domicilios

"Los tribunales croatas permitieron una anulación masiva de los derechos de ocupación, en gran mayoría por la ausencia de los tenientes de esos derechos y sin avisarlos", explica un documento del Center on Housing Rights and Evictions, una ONG suiza que asesora el Consejo de Europa.

Las autoridades croatas alegaban que los serbios, que habían huido del conflicto, abandonaron voluntariamente sus viviendas y bajo ese pretexto les privaron del derecho a ocupar estas viviendas.

Cinco años después de su expulsión de Osijek, los Vukovic recibieron otra carta en la que se les comunicaba que su derecho de ocupación de su vivienda había sido anulado.

Vladimir Petronijevic, analista legal de Grupa 484, una ONG de Serbia que ofrece ayuda legal, humanitaria y psicológica a los refugiados, cree que "el proceso de integración [de Croacia en la Unión Europea] no puede ser completado de forma correcta hasta que el problema de los refugiados no esté resuelto".