Latinoamérica da la espalda a la transición española

La transición española ha dejado de ser un ejemplo a seguir para muchos países que como España han sufrido un periodo de represión y falta de libertades. Los miles de cuerpos desaparecidos, enterrados en cientos de cunetas, pesan demasiado para que países como Argentina, Chile, Brasil o Uruguay miren al otro lado del Atlántico en busca de una hoja de ruta para ver cómo hacer justicia.

El Encuentro Memorias en Transición, celebrado la pasada semana en Madrid, ha puesto de manifiesto el olvido urdido por el franquismo para impedir a las víctimas de sus crímenes pedir cuentas.

El magistrado del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, califica así la Transición: "Jurídicamente chapucera e insostenible en el ámbito del derecho internacional". Para este magistrado, la Ley 46 de 1977 de Amnistía, todavía vigente, "resiste a someterse a los imperativos de la legislación internacional", porque fue aprobada meses después de que España suscribiera el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas.

Las críticas de Martín Pallín sorprenden más hacia dentro que hacia fuera de las fronteras. "Hay países que han corrido riesgos mucho mayores que España en su intento por reconocer a las víctimas, por reformar sus intituciones y por judicializar casos" tras dejar atrás una dictadura, reflexiona el filósofo colombiano Pablo de Greiff, experto del International Center for Transitional Justice(ICTJ).

La desatención que la Transición prestó a las víctimas del franquismo se refleja en el movimiento de los colectivos que trabajan en su ayuda. El presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva, cree que "es posible que la transición española tenga que hacer otra transición", según señaló en el encuentro organizado por la Fundación Contamíname.

Los colectivos de víctimas en España se miran en las experiencias de países como Argentina donde las leyes de punto final fueron derogadas para que los responsables de la tortura política desfilen ante los tribunales democráticos. "Para los autores de crímenes contra la humanidad no hay otro camino que el juzgamiento y la condena", explica el secretario de derechos humanos de Argentina, Eduardo Luis Duhalde.

Silva recoge la reflexión y señala que "el blindaje que instaló el franquismo puede hacer que quizás un juez de la Audiencia Nacional que trata de investigar violaciones de derechos humanos se vea sentado en un banquillo para responder por una acusación de prevaricación", ejemplificó sobre la denuncia de un sindicato de ultraderecha contra Baltasar Garzón.