Latinoamérica debate cómo usar las reservas

Poco imaginaba Cristina Fernández de Kirchner que su decisión de utilizar las reservas del Banco Central para pagar la deuda acabaría provocando una crisis institucional de primer orden en Argentina. La idea parecía simple: se consideraba que había fondos excedentes (unos 18.000 millones de un total de 48.000 millones de dólares) de los que 6.569 millones se destinarían al pago de deuda externa con organismos multilaterales y los bonistas particulares.

Cristina Kirchner dispuso por decreto que esa suma pasase al recién creado Fondo del Bicentenario para el Desendeudamiento y la Estabilidad. Pretendía enviar a los mercados el mensaje de que Argentina continúa con la política de desendeudamiento iniciada en 2003, y alejar el fantasma del default (suspensión de pagos).

En 2005, Argentina usó 10.000 millones de las reservas para pagar al FMI

La jugada no ha podido salir peor. Los planes del Gobierno se complicaron cuando el presidente del Banco Central de la República Argentina, Martín Redrado, se negó a poner las reservas a disposición de Cristina, quien respondió con otro decreto, esta vez para remover a Redrado de sus funciones alegando "mala conducta". Ahí comenzó un culebrón en pleno verano austral: la oposición criticó el golpe de "autoritarismo" de Kirchner, el caso acabó en los tribunales y el 12 de enero un juez norteamericano decidía embargar fondos del Banco Central en EEUU por 1,7 millones. La decisión, aunque fue revocada el pasado viernes, puede perjudicar la negociación de la deuda.

Fue así como el ensordecedor ruido habitual en la política argentina alejó el debate sobre la idoneidad de la medida inicial. A estas alturas, los economistas coinciden en que mucho más importante que el empleo de las reservas es la credibilidad del país, dañada desde que el Gobierno comenzó a manipular los datos de inflación en 2007. Lo cierto es que el Fondo del Bicentenario respondía a una necesidad fiscal: con los ingresos esperados en 2010, el Gobierno no tiene para pagar los vencimientos y el gasto público, el principal pilar de su política, es innegociable.

La polémica pone en entredicho la independencia de los bancos centrales

¿Pero conviene utilizar reservas para pagar deuda externa? El Ejecutivo argentino argumenta que hay un precedente: en 2005, el entonces presidente, Néstor Kirchner, canceló anticipadamente la deuda con el FMI y para ello utilizó unos 10.000 millones de las reservas (un tercio de las que había acumuladas). Es decir, un porcentaje muy superior al 15% que hoy suponen los 6.500 millones sobre el total de los fondos del banco central argentino.

Para muchos economistas, no es erróneo que se pague deuda con reservas, aunque debe ser una medida excepcional. El problema, apuntan, es que es muy difícil determinar la cantidad de fondos que hay que mantener para sostener la moneda.

Tampoco se trata de una medida innovadora en la región. En 2006, el México de Vicente Fox anunció que financiaría con reservas el pago de deuda externa, argumentando que no era necesario mantener fondos tan elevados (había alcanzado la cifra récord de 76.700 millones de dólares). En aquel momento, los países latinoamericanos avanzaban juntos en la dirección del desendeudamiento.

Chávez defendió que las reservas han superado los 35.000 millones

Venezuela se sumó a la polémica el pasado 9 de enero. El presidente Hugo Chávez anunció que el Banco Central de su país transferirá 7.000 millones de dólares de las reservas al Fondo Nacional de Desarrollo. Chávez defendió que las reservas han superado los 35.000 millones, por encima del "nivel óptimo" que él sitúa en 28.000 millones.

Uno de los efectos colaterales de la crisis institucional argentina ha sido la profundización del debate sobre si los bancos centrales deben ser independientes del poder Ejecutivo, como defiende la ortodoxia económica desde los años noventa.

Todos los países latinoamericanos se sumaron a este carro a comienzos de esa década, aunque con divergencias. Brasil fue el único estado que no reformó el marco legislativo de su banco central, si bien existe un consenso social a favor de la autonomía operacional.