Se calcula que entre autonomías y ayuntamientos pueden deber a sus proveedores facturas por unos 35.000 millones de euros. El Gobierno de Mariano Rajoy ha anunciado en varias ocasiones que saldar la deuda de las administraciones públicas con los proveedores, asfixiados por los impagos y la falta de financiación, es una de sus principales cruzadas. Pretendía hacerlo a través del Instituto de Crédito Oficial, pero después de abrir incluso una línea ICO para deudas de las CCAA con proveedores por 15.000 millones, el Ejecutivo ha decidido que este método es 'muy lento' y ha buscado otro.

El próximo viernes, el Consejo de Ministros aprobará una fórmula para que cada proveedor a quien le deba dinero una Administración Pública, ya sea central, municipal, autonómica o foral, pueda acudir a cualquier entidad bancaria y cambiar su factura por dinero en efectivo, es decir, cobrar la deuda. El pago de los bancos tendrá aval del Estado, aseguraron a este periódico fuentes del Ministerio de Hacienda, aunque aún no se ha dado a conocer de qué manera se reintegrará el importe abonado. Tampoco está claro en qué norma se va a incluir esta fórmula. Los detalles los están cerrando entre Hacienda y el Ministerio de Economía. Pero lo que está claro es que se pretende que sea rápido, 'que se liquide, en cuestión de semanas, si no toda, gran parte de la deuda de las administraciones con los proveedores', añadieron las citadas fuentes.

Los bancos pagarán a los proveedores y tendrán garantía del Estado para cobrar

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, avanzó ayer en el Senado las intenciones del Ejecutivo. La medida que aprobará el Gobierno este viernes es una 'gran operación' que irá 'más allá del ICO', comentó Montoro, en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Senado. El proyecto 'dará satisfacción' a los proveedores de todas las administraciones provocando, a su vez, una 'inyección de liquidez' en el país, añadió el titular de Hacienda.

Montoro aseguró que los servicios jurídicos del Ejecutivo están estudiando si la medida exige un cambio normativo. 'Si es así lo llevaremos adelante', recalcó el ministro. Con modificación de leyes o sin ella, el titular de Hacienda anunció que se está creando 'un procedimiento ágil' para poner en marcha la propuesta, y que no pasará 'necesariamente' por las administraciones.