Las elecciones legislativas del 2 de noviembre en EE.UU. suponen un referéndum de hecho sobre el presidente Barack Obama, quien según el resultado de los comicios podría tener que alterar las prioridades del resto de su mandato.

Aunque su nombre no aparece en ninguna papeleta, el presidente estadounidense se ha comportado a lo largo de este mes como un candidato más y ha pasado más tiempo recorriendo estados para defender las candidaturas demócratas que en la Casa Blanca.

Con estas comparecencias, Obama busca galvanizar a un electorado demócrata que, según las encuestas, se muestra mucho más renuente a acudir a las urnas que los votantes republicanos, animados por el movimiento ultraconservador Tea Party.

Si lo logra, representará tanto una victoria para los demócratas como un triunfo personal, tras meses de constantes descensos de su popularidad en las encuestas.

El 21 de octubre, el Instituto Gallup situaba su aceptación en el último trimestre en el 44,7 por ciento, dos puntos y medio porcentuales menos que en el trimestre anterior.

La Casa Blanca rechaza que la consulta del día 2 vaya a representar una consulta sobre el presidente y sus medidas políticas, rodeadas de un halo de impopularidad entre el electorado.

El portavoz de la Casa Blanca, Robert Gibbs, ha indicado que los votantes tendrán en cuenta, sobre todo, "cuestiones locales y asuntos que no son importantes nacionalmente, pero sí para estados y distritos electorales individuales".

El encuestador Mark Penn, que fue el estratega jefe de la campaña presidencial de Hillary Clinton en 2008, le contradice y opina que "lo que más va en contra del Gobierno es la cantidad de gente insatisfecha con la economía y esta administración, dispuestos a votar pensando en la situación nacional en lugar de los méritos de su candidato particular".

De cumplirse lo que vaticinan los sondeos, estos votantes insatisfechos darán importantes victorias a los republicanos, que podrían hacerse con el control de la Cámara de Representantes y -menos probable, pero no imposible- el Senado.

Un Congreso controlado, en todo o parte, por los republicanos obligaría a Obama a replantearse su estrategia legislativa, hasta ahora basada en los amplios márgenes demócratas en ambas cámaras, e incluso sus prioridades para los dos años que le restan de mandato.

Entre las prioridades de Obama figuran la reforma migratoria integral y una nueva ley de Energía, dos medidas que han contado con la férrea oposición de los republicanos durante la primera mitad de la Administración.

El presidente estadounidense asegura que no quiere renunciar a nada y mantendrá su presión para sacar adelante sus objetivos.

Entre otras cosas, según expresó en declaraciones a medios hispanos, entre ellos Efe, la semana pasada, Obama afirmó: "Espero que el Partido Republicano reconozca que no puede quedarse al margen y tiene que participar para intentar resolver algunos de estos problemas que arrastramos".

Pero también reconoció, en referencia específica a la reforma migratoria, que una vez se conozcan los resultados tendrá que evaluar la situación y ver cómo queda la aritmética.

Una posibilidad que se ha barajado en concreto para la reforma es someter a votación en el Congreso medidas particulares, renunciando a una reforma integral.

Otra posibilidad que maneja la Casa Blanca para el resto de su mandato es hacer un uso mucho mayor de los decretos ley, u órdenes ejecutivas, en lugar de depender tanto del Congreso.

En cualquier caso, la Casa Blanca tendrá que poner el énfasis mucho más en las medidas económicas, que en la primera mitad de mandato compartieron papel con la reforma sanitaria o las guerras en Irak y Afganistán.

No todo sería más difícil necesariamente para Obama con un Congreso dominado por los republicanos.

En lo que respecta a la guerra en Afganistán, es probable que el presidente encontrara más apoyo para continuar el conflicto entre la actual oposición que entre su propio partido.

Lo propio podría ocurrir a la hora de sacar adelante tratados comerciales, como el pendiente con Colombia o con Corea del Sur.

Ante esta posibilidad, Obama se mostró cauto. "Sigo pensando que merece la pena ratificar esos acuerdos. Y hablaré con demócratas y republicanos para recibir su opinión", afirmó.