El nuevo abogado del pirata Abdu Willy, el letrado Francisco Javier Díaz Aparicio, cree tener la clave para solucionar el problema que se ha presentado en la resolución del secuestro del atunero vasco Alakrana: expulsar a los dos piratas a Somalia en aplicación de la Ley de Extranjería para los delitos o faltas penados con hasta seis años de cárcel.

Pero ayer todavía no había presentado ninguna solicitud al respecto al juez Santiago Pedraz, del que dependen los dos piratas apresados por la fragata Canarias cuando abandonaron el Alakrana en un esquife. El letrado mantuvo un brevísimo encuentro con el teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Fernando Burgos, al que se presentó. Le aseguró que pretendía encontrar la mejor solución para su cliente pero, según fuentes fiscales, ni siquiera le planteó la opción que, en su opinión, acabaría con el problema y que poco después trasladó a los medios de comunicación.

Según el letrado, se puede entender que, en vez de autores de las detenciones ilegales de los 36 marineros del Alakrana, son meros cómplices; se pediría para ellos una pena que no exceda los seis años de prisión y se acordaría su expulsión a Somalia en aplicación del artículo 57.7.a de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Este texto prevé la expulsión del extranjero que 'se encuentre procesado o inculpado en un procedimiento judicial por delito o falta para el que la ley prevea una pena privativa de libertad inferior a seis años o pena de distinta naturaleza'.

'La autoridad gubernativa someterá al juez que, previa audiencia del Ministerio Fiscal, autorice, en el plazo más breve posible y en todo caso no superior a tres días, su expulsión, salvo que, de forma motivada, aprecie la existencia de circunstancias excepcionales que justifiquen su denegación', señala dicho artículo.

Fuentes jurídicas señalaron que, aunque lo habitual es que solicite esta medida el fiscal, también es posible que la plantee el letrado. No obstante, tanto los jueces como los fiscales consultados calificaron de 'poco factible' la iniciativa, sobre todo porque los piratas están acusados de asociación ilícita, 36 detenciones ilegales y robo con violencia y uso de armas, delitos castigados con más de seis años de cárcel. Y están en prisión como autores, no como cómplices.

Díaz Aparicio sostiene que 'la propuesta se ajusta a la legalidad'

Pese a ello, Díaz Aparicio sostiene que 'la propuesta se ajusta a la legalidad'. Añadió que es una propuesta sensata tanto para él como para el fiscal, algo que negaron categóricamente fuentes fiscales.

Tras señalar que su 'impresión' es que el Ministerio Público 'espera instrucciones de la Fiscalía General, que depende del Gobierno', el letrado explicó que su propuesta 'conlleva en la práctica la puesta en libertad de su cliente' y que así 'la defensa allana el camino' para la solución del secuestro 'en la medida de lo posible'.

Pero mientras se resuelve o no, el juez Santiago Pedraz continúa con la investigación de lo ocurrido. Ayer ordenó el volcado de la información que contienen los móviles intervenidos a los piratas apresados. Los resultados se conocerán hoy o mañana.