La Ley de Memoria Histórica recibirá el miércoles el visto bueno del Congreso

La Ley de Memoria Histórica recibirá el miércoles el último visto bueno del Congreso en un debate plenario en el que no tendrá problemas para salir adelante, aunque cabe la posibilidad de que puedan introducirse algunos retoques al texto a partir de las enmiendas al texto que los grupos mantienen.

El PP, que siempre se ha opuesto a esta norma por considerar que únicamente sirve para "reabrir heridas", votó a favor de algunos cambios en el debate en comisión -como el que persigue "despolitizar" el Valle de los Caídos- y ahora intenta incorporar en el pleno otras modificaciones mediante enmiendas transaccionales.

Principalmente se trata del artículo que prevé la retirada de símbolos franquistas (escudos, insignias o placas) de edificios públicos y privados, incluidos los de la Iglesia, de manera que las Administraciones Públicas puedan suprimir las subvenciones a las entidades que no los quiten.

Como el mismo artículo hace excepción para los casos en que las menciones sean "de estricto recuerdo privado" o cuando existan razones "artísticas y arquitectónicas protegidas por la ley", el PP quiere que se añada una fórmula que también "indulte" de la retirada aquellos elementos del patrimonio religioso de la Iglesia Católica.

Para ello, el PP ha tratado de recabar el respaldo de CiU, pero todavía no tiene la aquiescencia del PSOE.

Fuentes del grupo socialista admiten que no hay acuerdo al respecto y remarcan que, en cualquier caso, las novedades que puedan incorporarse tienen que respetar plenamente el espíritu de esta ley.

Los socialistas pretenden que la redacción que reciba la norma en el pleno del miércoles próximo sea la definitiva.

Aunque el texto se remitirá después al Senado, donde se tramitará por vía de urgencia, si la Cámara Alta no introduce enmiendas pasará directamente a publicarse en el BOE para su entrada en vigor.

Si por el contrario el Senado incorpora alguna modificación, lo cual es posible en tanto que en esta Cámara el PP es el grupo mayoritario y podría sacar adelante cambios con otras fuerzas como CiU, la ley deberá volver al Congreso para ratificar los cambios.

Con esta perspectiva, el grupo popular y CiU no renuncian a las enmiendas que habían propuesto en la Comisión Constitucional, como tampoco lo hace ERC, que se opone a la ley porque entiende que su contenido es insuficiente y se queda corto, sobre todo porque no anula los juicios sin garantías de la Guerra Civil y el franquismo.

En Comisión, el dictamen salió adelante con el apoyo del PSOE, IU-ICV, CiU, PNV y grupo Mixto.

En él se recoge la declaración de "ilegitimidad" de los juicios franquistas, el reconocimiento del papel de los "maquis" y grupos que lucharon contra la dictadura, así como preceptos que permitirán a los hijos y nietos de exiliados solicitar la nacionalidad española.

Esta norma, cuya denominación oficial la identifica como la ley "por la que se reconocen y amplían los derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura", incluye mejoras en las ayudas a estas víctimas e implica a las Administraciones Públicas en la recuperación e identificación de restos de los fallecidos.

El último trámite de este proyecto en el Congreso tendrá lugar en un apretado pleno en el que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, comparecerá para informar de los problemas en los servicios ferroviarios de Barcelona, y que además coincide con la lectura pública de la sentencia por los atentados del 11-M.