La Audiencia Provincial de Barcelona ha requerido al Juzgado de Instrucción para que haga públicos los nombres de mujeres que abortaron en una clínica de Barcelona, a petición de la defensa de uno de los médicos imputados.

La jueza de instrucción ha mantenido en secreto la identidad de las mujeres que abortaron ante el temor de posibles represalias.

Desde la Asociación de Mujeres Juristas Themis creemos que se trata de un grave error jurídico de la Audiencia Provincial, que atenta contra el derecho a la intimidad garantizado por el artículo 18.1 de la Constitución Española, tal y como ha sido interpretado por el Tribunal Constitucional, entre otras sentencias, por la número 224/1999, de 13 de diciembre.

También la jurisprudencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo tiene reiteradamente declarado que el ejercicio del derecho de defensa de los inculpados no puede  suponer una vulneración del derecho a la intimidad de las víctimas y perjudicados.

Esta resolución de la Audiencia Provincial atenta también a nuestro juicio contra lo dispuesto en el artículo 10, 1 y 3 de la Ley General de Sanidad, que establece el derecho de todas las personas a su intimidad y a  la confidencialidad de toda la información relacionada con su proceso. ¿Dónde quedan todos estos derechos para las mujeres a las que se refiere la resolución en cuestión? Es especialmente rechazable porque las mujeres a quienes se refiere son testigos protegidas en este procedimiento ¿Cómo puede exigirse hacer públicos sus nombres?

Esta resolución judicial, que al parecer va a ser recurrida por el Ministerio Fiscal, pone una vez más sobre la mesa la urgencia que existe para acabar con la regulación actual del aborto, que viene ocasionando graves problemas de inseguridad jurídica y dando lugar a arbitrariedades contra mujeres que decidieron someterse a un aborto y a las y los profesionales que lo practicaron. A esta situación se le debe poner fin.

España está actualmente a la cola de Europa en lo que concierne al tratamiento jurídico del derecho al aborto como el derecho de toda mujer sobre su propio cuerpo y a controlar y regular su maternidad. Esperamos que el Congreso que está celebrando el PSOE apruebe impulsar desde el Gobierno una ley que de una vez por todas termine con todas estas graves inseguridades jurídicas, humillaciones y arbitrariedades a las que se arriesgan todas las mujeres que abortan acogiéndose a algunos de los supuestos despenalizados. Idem para los/as profesionales que los practican.

Esta nueva ley debería contemplar un plazo dentro del cual la mujer será la única responsable de la decisión de abortar, porque no debemos perder de vista que hoy en España una mujer no puede decidir abortar: son los profesionales de la medicina o de la salud mental quienes le dan el visto bueno, o no. Reivindicamos por tanto una ley de plazos, que deberá complementarse con un sistema de indicaciones, como existe en otros muchos países de nuestro entorno. Si en materia de igualdad y de lucha contra la violencia de género estamos a la cabecera del mundo, ahí debemos estar también en la regulación del derecho al aborto. 

Altamira Gonzalo, presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis