La ley de violencia sexista crea dudas en los jueces

La Ley Integral contra la Violencia de Género no convence a todos los jueces. Desde que esta norma se aprobó en diciembre de 2004, el Tribunal Constitucional (TC) acumula ya más de 160 cuestiones de inconstitucionalidad presentadas por diversos magistrados. Entre otros motivos, argumentan que esta ley que protege a las mujeres que son víctimas de malos tratos vulnera el principio de igualdad recogido en el artículo 14 de la Constitución Española.

Otros dos enunciados del Código Penal, en concreto el 153 y el 171, también generan recelos entre varios jueces: los consideran discriminatorios hacia los hombres, porque les imponen penas superiores que a las mujeres por un mismo delito de violencia de género.

El TC ha admitido a trámite todas estas cuestiones pero por el momento aún no se ha pronunciado. Desde el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aseguran que ya advirtieron de esta posibilidad cuando se redactó el informe del anteproyecto de ley.

Sentencias en el aire

Enrique López, portavoz del CGPJ, recuerda además que si finalmente el Alto Tribunal acepta estos recursos "habrá que revisar todas las sentencias que se han dictado desde que la ley entró en vigor". Es decir, miles de fallos judiciales. Por eso, para el máximo órgano de gobierno de los jueces "sería bueno" que el TC se pronuncie "con premura" porque hay muchas víctimas y agresores pendientes de esta resolución.

Las asociaciones profesionales de magistrados exigen al TC que "meta el dedo en la llaga de una vez por todas" y que resuelva todos estos recursos "cuanto antes". Las agrupaciones de jueces coinciden en que, en determinados casos, algunos de estos recursos tienen una base razonable.

Para Jaime Tapia, portavoz de Jueces para la Democracia, "el conjunto de la ley es acorde con la Constitución y su objetivo es el de proteger a las víctimas", y por eso cree que el TC "acabará rechazando" los más de 160 procedimientos presentados hasta ahora.

Más dubitativo se muestra Lorenzo del Río, de la Asociación Francisco de Vitoria, para quien la normativa "genera dudas claras y bien planteadas, porque hay dos o tres artículos que son complicados" a la hora de interpretarlos.