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La liberalización de servicios olvida al consumidor

Sólo las grandes empresas han logrado rebajas significativas de precios con la apertura a la competencia de distintos sectores

FERNANDO VICENTE

A los españoles las gasolinas nos cuestan en torno a una media de un 7% más de media que a nuestros vecinos europeos y eso antes de impuestos. Sólo daneses e italianos pagan más. En las telecomunicaciones, el último estudio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), publicado en diciembre, dejó bien claro que es aún peor, abonamos por navegar por internet hasta un 21% más que la media de lo que se paga en el resto de la Unión Europea. Qué decir de lo que nos cuesta el gas, que acaba de subir un 4%. Y la luz, servicio que no para de encarecerse, casi un 50% en los últimos cuatro años, y cuya última subida a partir de este mes nos supondrá una media de 6,77 euros por vivienda y mes, según el análisis realizado por la asociación de consumidores Facua.

Todos ellos (energía, telecomunicaciones, carburantes o transportes) son mercados liberalizados en los últimos años por los gobiernos del PSOE y del PP. Los monopolios de Iberia, Campsa o Telefónica, y oligopolios como el eléctrico dieron paso a mercados sin regulación y con fuerte competencia entre los operadores para conseguir así precios más bajos y mejores servicios con mayor calidad.

Fracasa la tesis de que el mercado menos regulado funciona mejor

"Pues ha ocurrido justamente lo contrario", concluye el portavoz de Facua Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, quien añade que "en todos los sectores donde un gobierno de España ha puesto la mano de la liberalización, al usuario se le ha perjudicado enormemente". Utiliza prácticamente las mismas palabras que el presidente de la Unión de Consumidores de Andalucía (UCA/UCE), Juan Moreno (ver entrevista), cuando afirma que "la mayoría de las expectativas que teníamos los consumidores sobre el proceso de liberalizaciones no se han cumplido".

Así, el fracaso del discurso neoliberal de que el mercado se regula mejor cuanto menor es la intervención de las autoridades no sólo se ha hecho patente en el sector financiero. Para las organizaciones españolas de defensa de los consumidores, el trecho entre el dicho y el hecho es también gigantesco en el caso de los grandes sectores liberalizados en España en los últimos años: electricidad, gas, gasolinas y telecomunicaciones. Al final, concluyen las asociaciones de consumidores, como siempre, son los poderosos los que se benefician, mientras que al ciudadano de a pie se le ignora cuando no se le maltrata.

"Eso es injusto", responde sin embargo Gaspar Llanes, actual secretario general de Economía de la Junta de Andalucía, y hasta hace unos meses el primer director de la Agencia para la Defensa de la Competencia de Andalucía. Llanes recuerda el informe publicado por la OCDE en febrero de 2009 alabando el proceso de liberalizaciones español. Bajo el título Reformas del mercado de productos en España entre 1998 y 2008 dice textualmente que "las reformas han sido más profundas que en el promedio de la OCDE, se han extendido ampliamente en la economía y han sido sostenidas en el tiempo".

Propuesta para que los usuarios estén presentes en entes reguladores

Para Llanes, los beneficios del proceso de liberalizaciones, tanto para los consumidores como para la economía española, son evidentes: "Estamos hablando por un móvil que funciona perfectamente, y hoy tenemos empresas en esos sectores, como Telefónica, que son potentísimas en el mundo, que funcionan muy bien tanto desde el punto de vista económico como de los servicios que prestan, y que no habríamos conseguido sin ese proceso". Sin embargo, concede, "el hecho de que los consumidores y usuarios estén quejándose de que se producen perjuicios debería llevar a plantearnos qué es lo que está ocurriendo".

En realidad, ambas partes tienen razón. Las liberalizaciones funcionan, pero no para todos. Al final, sólo los grandes se benefician de ellas por que, por ejemplo, como explican desde Sedigas, la patronal de las empresas gasistas, el 57% de los usuarios (las grandes industrias) consume el 95% del suministro, mientras que los pequeños, el sector doméstico, sólo el 5%. Es difícil, pues, que sean capaces de captar la atención de los operadores, concentrados en obtener sus beneficios en otra parte.

No hay más que echar un vistazo a las noticias de las últimas semanas para comprobarlo. Mientras que la escasez de ofertas interesantes ha llevado a que muy pocos consumidores domésticos opten por cambiar de compañía suministradora de luz o de gas, los grandes ven cómo los operadores se pelean a muerte por conseguirlos como clientes. Es el caso de El Corte Inglés, uno de el mayores consumidores de luz del país, pero también de otras grandes empresas como Adif, que gestiona la infraestructura ferroviaria española y que este mes acaba de adjudicar su contrato de suministro de luz para el año 2012 por nada menos que 211 millones de euros. La parte del león, el 71% del suministro, se lo ha llevado el grupo de construcción y servicios Acciona tras dura batalla, desbancando así a sus suministradores habituales, Endesa e Iberdrola.

Mientras, los pequeños consumidores se enfrentan a un galimatías de tarifas, a servicios de atención al cliente imposibles de contactar, a contratos incomprensibles con cláusulas leoninas en letra pequeña si se les ocurre cambiar el suministrador del servicio, etcétera. "En estos momentos, el sistema funciona para los grandes consumidores pero, desde la perspectiva del consumidor, el sistema está paralizado", asegura Juan Moreno, que, como su homólogo de Facua, se queja de que los sistemas de regulación del mercado, basados en la Comisión Nacional de la Competencia y en las comisiones sectoriales, como las de energía y telecomunicaciones, carecen de agilidad.

"El sistema es mejorable, sobre todo en materia de regulación porque las empresas hacen lo que esta les permite", coincide también Llanes, que propone que los consumidores y usuarios tengan más presencia en los organismos reguladores.

'Eurotarifa'

Facua pide la fijación de precios de referencia para la prestación de servicios. Explica que es posible, ya que desde Bruselas se tomó esa decisión hace tres años con la "eurotarifa de roaming", que fija un precio para las llamadas de móvil y SMS entre distintos países de la Unión. "A pesar de los vientos de liberalización, la Comisión Europea asumió que para evitar abusos tenía que regular el precio".

Abusivos

Los gobiernos nacionales deberían hacer lo mismo en todo servicio en el que se entienda que los precios son abusivos, dice Facua. Pero añade que "ahora mismo es utópico; los gobiernos parecen más interesados en satisfacer intereses empresariales de grandes conglomerados que los de los consumidores".  

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