Poder con límites para las CCAA en los aeropuertos

Los aeropuertos cambiarán de modelo para parecerse más a empresas privadas y para ser más rentables. El ministro de Fomento, José Blanco, desveló ayer, en una larga comparecencia en el Congreso, cómo será el nuevo esquema, que persigue ser "más eficiente y competitivo", además de borrar el déficit de 300 millones en costes de navegación aérea. Lo más relevante es que podrán tener una gestión individualizada aquellos aeropuertos económicamente viables, con un alto volumen de tráfico y de administración compleja, como los de Barajas y El Prat. Las comunidades autónomas lograrán poder en la gestión, pero acotado.

El cambio empezará desde arriba, desde el gestor público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena): se separará en Aena Navegación Aérea (que seguirá siendo 100% estatal) y Aena Aeropuertos, que será una sociedad mercantil y controlará los 48 aeródromos españoles. En esta última sociedad se hará una privatización parcial ya que el Estado cederá a socios privados (constructoras, concesionarias de infraestructuras, fondos o entidades financieras) hasta el 30% del capital. La salida a bolsa de la que se habló inicialmente queda en el aire.

Barajas, El Prat y otros aeropuertos viables tendrán una gestión separada

De Aena Aeropuertos, la empresa matriz, colgarán las filiales que se crearán para gestionar aquellos aeropuertos que cumplan los requisitos para tener una administración separada y que pertenecerán al 100% a la citada sociedad matriz. Y será en el consejo de administración de estas filiales donde las comunidades autónomas adquirirán poder.

Aquí está la clave, ya que el Estado tendrá el 51% de los votos y cederá a las autonomías aproximadamente un 39%, que es el peso que especificó ayer el ministro en su respuesta al portavoz de ERC, Joan Ridao, quien mantuvo la posición nacionalista más agresiva. En ese 39% entrarían los ayuntamientos y las cámaras de comercio, que no tendrán por qué tener representación directa en el consejo. Otro 10% correspondería a las empresas privadas que entren la empresa matriz, Aena Aeropuertos.

Pese a este peso autonómico, que se tendrá que concretar en el anteproyecto de ley y posterior trámite parlamentario, el voto de los entes territoriales "será imprescindible" ya que serán necesarias mayorías cualificadas para aprobar acuerdos estratégicos, es decir, que el Estado no podrá sacarlas adelante sin el consenso de los gobiernos autonómicos.

Las comunidades tendrán el 39% del voto en los segregados

¿En qué tendrán derecho de veto las autonomías? En la aprobación de estrategias para promover rutas e impulsar vuelos de conexión, de las normas para contratar la explotación de servicios comerciales (tiendas, restaurantes, etc.) y para fijar los precios de estos servicios. Aquí está la parte que menos gusta a los partidos catalanes, pues sólo podrán vetar propuestas, no decisiones definitivas, en las tasas de aterrizaje, de seguridad y en las tarifas de pasajeros, ya que "corresponde a las Cortes Generales fijarlos", como recordó Blanco. Y será lo mismo para las propuestas en materia de franjas horarias (slots) que no estén reguladas, y para la aprobación inicial del Plan Director del aeropuerto, en el que Fomento tendrá la última palabra.

Con el reparto de poder, la batalla política está servida. CiU y ERC se oponen al modelo y reclaman un mayor poder autonómico en más decisiones. Blanco respondió: "No confundamos la gestión autonóma, que está garantizada, con la autonómica, que quieran algunos y que yo no comparto". Si bien, invitó al consenso a todos los partidos.

En el segundo trimestre, el ministro presentará el anteproyecto que puede aprobarse este año en el Parlamento.

En este semestre, también propondrá a las autonomías que no quieran participar en la gestión directa entrar en un comité aeroportuario, con el 50% de representación, para debatir la evolución de cada aeródromo. El modelo estará implantado esta legislatura y establecerá una financiación más compartimentada.