El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha abogado este miércoles por "hacer limpieza" tras la cumbre anticorrupción de Catalunya, un encuentro que ha considerado "tremendamente útil" para reunir ideas con esa intención, y ha anunciado un segundo foro de estas características para el día 22. Mas ha hecho estas consideraciones en una conferencia de prensa al término de la reunión, de dos horas de duración, con los representantes de los principales organismos de control institucional catalanes para abordar medidas contra la corrupción.

Además del presidente catalán, en la reunión por la regeneración democrática han participado la presidenta del Parlament de Catalunya, Núria de Gispert; el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), Miguel Ángel Gimeno; el fiscal superior de Catalunya, Martín Rodríguez Sol; el síndico mayor de Cuentas, Jaume Amat; el Síndic de Greuges, Rafael Ribó; el director de la Oficina Antifraude de Catalunya, Daniel de Alfonso; y el secretario del Govern catalán, Jordi Baiget.

Mas ha explicado que el próximo 22 de febrero se celebrará una segunda cumbre en la que los asistentes ya tendrán un documento con la síntesis de todo lo que se ha discutido hoy. Mas ha apostado por dar rango de ley a un código de autorregulación sobre finanzas de los partidos y funcionamiento de las campañas electorales que los grupos del Parlament acordaron en 2001, incorporándolo a las futuras leyes catalanas de transparencia y electoral. Ha deseado así que lo que ahora es un código de buenas prácticas se incorpore la legislación, mediante las dos leyes que los grupos parlamentarios se han comprometido a impulsar en los próximos meses. Mas ha defendido la necesidad de "sacar todo el pus" de la corrupción y "desinfectar", aunque también ha pedido que se separen con "una línea gruesa" casos particulares del funcionamiento generalmente correcto de las instituciones.

El presidente de la Generalitat ha defendido que los imputados por casos de presunta corrupción dejen su cargo si son condenados por la justicia o si los indicios que hay contra ellos son "evidentes"; para ello, ha planteado un pacto entre pactar entre los partidos políticos catalanes para establecer un código que, sin ser una ley, establezca el momento en el que un cargo público debe dejar su responsabilidad tras ser imputado. Al preguntársele sobre el secretario general de CDC, Oriol Pujol, cuya imputación ha pedido la Fiscalía por el caso de las ITV, Mas ha recalcado que aún no hay ninguna decisión judicial al respecto, por lo que aún es temprano para adoptar un posicionamiento definitivo.

Mas, que ha tenido especial interés en abordar si un imputado debe dejar su cargo público, ha evitado opinar qué debería hacer Pujol, aunque ha resaltado que aún no hay una decisión del juez y que, si se le imputa, "se estaría en el punto de los primeros indicios que no son pruebas". "Cuando hay una imputación inicial no tendría que haber la separación del cargo público. Tendría que ser si hay una condena o si los indicios son de una evidencia tal en un proceso judicial que se ve claro que acabará en condena", ha expuesto el presidente, que ha recalcado que cada uno debe decidir qué hace si cree que su caso perjudica una causa mayor.

Así, ha abogado por encontrar un "término medio" entre los partidos por la vía del acuerdo, al insistir que estar imputado no equivale a una prueba de haber cometido una ilegalidad. Según Mas, en la justicia, para apartar a un juez no se utiliza el criterio de la imputación inicial y sólo se lleva a cabo cuando los indicios "son evidentes, pero antes de abrir el juicio". Para él, un acuerdo general entre los partidos debe dar garantías a los afectados y aplicarse en todos los casos, y evitar así que personas imputadas "de forma injusta deban abandonar sus cargos por algún indicio de irregularidad nunca confirmado".

"El sistema nos lo podemos cargar en muchos sentidos, por exceso y por defecto", ha alertado Mas, que ha recordado que al alcalde de Alpicat (Lleida), el convergente Pau Cabré, ha sido absuelto por la Audiencia de Lleida tras ser implicado en un delito urbanístico. También ha defendido su planteamiento al preguntársele por qué han ascendido al alcalde de Cercs (Barcelona), Ferran Civil, a vicepresidente de la Diputación de Barcelona pese a estar imputado en tres causas judiciales por delitos urbanísticos: "El criterio debe ser para todos".