Los lobbies escapan al control de la UE

Son entre 15.000 y 20.000. Su agenda está llena de reuniones con funcionarios de la Comisión Europea, la institución que redacta las leyes de la Unión Europea (UE). Con frecuencia, invitan a comer a los eurodiputados, que son los que enmiendan la normativa. Y también cortejan a los representantes de los gobiernos europeos, encargados de dar el visto bueno final a cualquier cambio legislativo. Siempre están disponibles, visten impecablemente y hacen gala de unos modales exquisitos para demostrar la máxima de que "en Bruselas, la influencia es personal".

Son los grupos de presión o lobbies, empresas cuya única tarea es influir en la legislación de la Unión Europea para favorecer a sus clientes, a menudo multinacionales, pero también medianas empresas y ONG.

El registro de lobbies exige que revelen sus cifras de negocio y los nombres de sus clientes

Sin embargo, numerosas organizaciones pro-transparencia critican que su influencia sobre las directivas que salen de Bruselas es exagerada. La Comisión Europea puso en marcha en junio pasado un registro voluntario para los grupos de interés, en el que, de momento, se han apuntado 1.121 lobbies, menos de la mitad de las 2.600 entidades que se calcula que tienen oficinas en Bruselas.

El registro voluntario exige a las empresas que revelen el nombre de sus clientes, las grandes áreas sobre las que trabajan y que cifren su volumen de negocio dentro de amplios tramos.

¿Sirve esto de algo? Algunas organizaciones partidarias de la transparencia creen que no. "Un registro voluntario, que no establece sanciones, que no ejerce un control sobre las actividades de estos grupos, no podrá ser nunca efectivo", asegura Paul de Clerck, miembro de Friends of the Earth y de Alter EU.

Organizaciones en favor de la transparencia critican la laxitud de la normativa europea

¿Influir o asesorar?

En cualquier caso, muchas de las entidades se niegan a inscribirse. Son sobre todo despachos de abogados y centros de estudios o think-tanks, que alegan que su misión no es influir, sino prestar asesoramiento. Para Jana Mittermaier, de Transparencia Internacional, esta actitud es la prueba de que el registro no funciona. De Clerck denuncia también el contraste entre esta situación y la de EEUU, donde Barack Obama "endureció las condiciones para hacer lobby en Washington en su primer día de mandato".

Craig Holman, asesor del equipo de transición del nuevo presidente estadounidense, explica que "Obama ha prohibido que nadie pueda entrar en un departamento si en los dos últimos años ha formado parte de un grupo de presión", Además, a los ejecutivos que dejen la Administración Obama les prohíbe hacer lobby durante su mandato", indica Holman.

Abogados y centros de estudios no se registran porque niegan que sean grupos de presión

Valerie Rampi, portavoz del vicepresidente de la Comisión y autor del registro europeo, Siim Kallas, rechaza toda comparación y recuerda que el proyecto se encuentra en su "fase piloto", que se revisará en junio. "Es verdad que no se han apuntado todas las empresas que querríamos, pero es un primer paso y las empresas han comenzado a ver la utilidad", asegura.

En EEUU, además, "son los grupos de presión los que financian las campañas presidenciales y todo el sistema político, por lo que se necesitan reglas distintas", recalca. El registro europeo, a diferencia del de EEUU, voluntario y más fiscalizador, aspira según Rampi, "a estimular, a ser un instrumento que mejore la imagen de las empresas y que por eso quieran estar".

El peor

Una entrega de premios muy conocida en el mundo de los lobbies pretende demostrar a la Comisión Europea que la buena fe no basta cuando se trata de directivas que afectan a 500 millones de ciudadanos. Son los galardones al peor lobby, que este año han recaído sobre la empresa española Abengoa y otras compañías del sector de los biocarburantes por ensalzar la misión ecológica de su negocio ante las acusaciones de ser responsables de deforestación por los ecologistas. La eurodiputada finlandesa Piia-Noora Kauppi, defensora en la comisión de Asuntos Económicos de la Eurocámara del liberalismo económico, fue galardonada con el premio al peor conflicto de interés, al saberse que desde enero trabajaría como directiva de un lobby al que, según los organizadores, favoreció desde su cargo institucional.

Entre las nominadas a los premios, también estaba GPlus, fundada por Peter Guilford, un antiguo empleado de la Comisión Europea, por hacer lobby ruso en la UE durante la guerra de Georgia. Su empresa, con un volumen de negocio de un millón de euros en 2007, representa también los intereses de Microsoft, Panasonic o Telefónica, y fue la primera en ser expulsada del registro por no revelar el nombre de todos sus clientes.

Guilford se siente una "víctima de nuestra excesiva transparencia", asegura, ya que inscribió a su entidad "incluyendo que teníamos algunos acuerdos confidenciales [con Toyota o Europcar]". Tras convencer a sus clientes para salir a la luz, GPlus volvió al registro, que considera "ineficaz por su poca exigencia y por no establecer una definición de lobby". Guilford, como la mayoría de lobistas, rechaza ser considerado sospechoso y exige el derecho de "mis clientes a ser escuchados como una voz más".