Londres aplazará la reforma de la City

La reforma del sistema financiero británico se hará, pero a cámara lenta. El Gobierno está decidido a poner en práctica las recomendaciones del informe que Sir John Vickers presentará hoy. La más importante, y la que más preocupa a la poderosa City londinense, es la que obligará a una separación efectiva entre los departamentos de banca de inversiones y banca tradicional en cada banco, de forma que los primeros no pongan en peligro la estabilidad de las entidades, como ocurrió en 2008.

El gran objetivo es que ya no haya bancos que sean demasiado grandes para permitir que caigan en la bancarrota ("too big to fail"). Si la banca de inversiones arroja números rojos gigantescos, esa parte del banco podría ser finiquitada sin poner en peligro la supervivencia del sector de la entidad que se ocupa de prestar dinero a la economía real. Por tanto, el Gobierno no se sentiría obligado a rescatar el banco con fondos públicos.

Los cambios legales podrían no entrar en vigor hasta dentro de cuatro o cinco años

El ministro de Hacienda, George Osborne, ya ha leído el informe de Vickers. El Ministerio se ha ocupado de filtrar que Osborne ha elogiado a Vickers por su trabajo en una carta ya enviada. Lo que aún no se conoce con exactitud es la letra pequeña de la reforma y, sobre todo, los plazos de su aplicación. El caramelo que Osborne ofrecerá a los bancos, que se han opuesto a la creación de estos cortafuegos internos, es dilatar al máximo la aprobación de las leyes necesarias.

Según varios medios británicos, esas leyes no se aprobarán hasta el final de la legislatura, muy cerca de 2015, con lo que es muy probable que pasen cuatro o cinco años antes de que la reforma se haga realidad. Con un plazo de tiempo tan prolongado, no hay que descartar que el Gobierno que salga de las elecciones considere que la reforma ya no es necesaria.

La ley costará a la banca británica unos 11.600 millones de euros

Se calcula que los cambios pueden costar a los bancos una cifra cercana a los 10.000 millones de libras (unos 11.600 millones de euros) en su conjunto, porque tendrán que buscar capital para sostener sus operaciones especulativas de la banca de inversiones.

Barclays y Royal Bank of Scotland (RBS) serán, en principio, los bancos más afectados. Santander, Lloyds y HSBC lo serán mucho menos, al no depender tanto sus resultados de la banca de inversiones.

Las intenciones pueden quedar algo descafeinadas si el Gobierno autoriza que haya algún tipo de trasvase de fondos entre las dos patas del banco. Es probable que, si el sector de banca tradicional (depósitos, préstamos a particulares y empresas e hipotecas) está convenientemente saneado, el Gobierno permita que facilite fondos al área de inversiones bajo ciertas limitaciones.

Ese larguísimo plazo de tiempo para la aplicación de la reforma creará problemas dentro del Gobierno británico. La City cuenta con muchos aliados entre los conservadores y una gran capacidad de presión en el Gobierno. Los liberales demócratas pretenden que los cambios se hagan realidad cuanto antes.

El ministro de Empresas, el liberal Vince Cable, escribió ayer en el Mail on Sunday que es fundamental que "los bancos no utilicen el dinero de los ahorradores para jugar al equivalente bancario de la ruleta de la fortuna y que el contribuyente no tenga que sostener esa parte del negocio".

Cable dice que la recesión "no es una excusa para aplazar la reforma", que es precisamente el argumento que han utilizado los bancos en los últimos meses para presionar al Gobierno.

Y, si los cambios les crean problemas económicos, Cable sugiere a los bancos que reduzcan las "suntuosas remuneraciones" a sus directivos y accionistas.