Juan Fernando López Aguilar rompió ayer las cautelas instaladas por el PSOE en torno a la decisión del Tribunal Supremo de imputar al juez Garzón por prevaricación. El candidato socialista al Parlamento Europeo lanzó toda su munición contra los conservadores quienes, a su juicio, 'de manera sistemática, amedrentan, en un intento de achantar, a quienes denuncian la corrupción que les afecta'.

Aunque la querella no pertenece al PP, sino a 'una agrupación ultraderechista', López Aguilar defendió durante una entrevista en Punto Radio que 'la inspiración es la misma'. Sobre la decisión judicial prefirió callar, 'por respeto, prudencia y responsabilidad'. Cumplía sólo a medias las líneas marcadas esa mañana por la secretaria de organización, Leire Pajín, quien se limitó a reclamar a otros grupos el mismo respeto que su partido demuestra por la Justicia. Tras ella, ningún dirigente del partido se aventuró a opinar.

La izquierda se revuelve

Con el PSOE instalado en la más absoluta neutralidad, correspondió a la izquierda parlamentaria liderar las críticas contra el auto. Gaspar Llamazares tachó de 'vergüenza' la imputación del juez. Según el portavoz de IU en la Cámara Baja 'el Supremo ha sido incapaz de condenar a los verdugos de la dictadura y ahora pretende hacerlo con el único juez que ha pretendido investigar sus crímenes'.

Además, desde la coalición llaman la atención sobre otras ocasiones en las que el Alto Tribunal concluía que no era suficiente una acusación particular más, si cabe, con la opinión en contra de Fiscalía. 'Es inaceptable que ahora le baste con la acusación de un sindicato de la extrema derecha para juzgar a un juez. Lo ha hecho según criterios ideológicos', se quejaba Llamazares.

También desde ERC señalaban la posición ideológica Manos Limpias como un factor a tener en cuenta durante el proceso. Francisco Jorquera, portavoz del BNG, va más allá. Según él, la querella forma parte de una estrategia de desprestigio orquestada por la derecha social y parlamentaria para encubrir 'sus miserias'.

Los tres grupos coinciden también en la figura del ponente, Adolfo Prego. Quien ha firmado un manifiesto contra la Ley de Memoria Histórica, señalan, está 'contaminado' para poder decidir sobre las actuaciones de Garzón contra los responsables franquistas.

A las reflexiones de la izquierda se unieron las del portavoz adjunto del PNV. Aitor Esteban subrayó que las 'posiciones políticas manifestadas públicamente por el ponente' ponen en entredicho su neutralidad. Su compañero Emilio Olabarría incluso insinuó que 'algún poder fáctico' podría haber 'instigado' a Manos Limpias, una organización que 'se dedica a presentar cuasi profesionalmente querellas de marcado perfil político'.

El PP modera su euforia

Por su parte, los conservadores trataron de aparentar ayer la misma neutralidad que habían perdido un día antes calificando la decisión de 'valiente y ejemplificadora'. Mariano Rajoy no quiso hacer sangre. 'Yo creo que todos los ciudadanos sean quienes sean están sometidos a la acción de la Justicia. Todos somos iguales ante la Ley. Es una de las grandes conquistas de la democracia', recordó el líder conservador. Para terminar zanjó el tema diciendo que 'como siempre' ha hecho respeta las decisiones de los tribunales.

Tampoco quiso entrar en detalles sobre el hecho de que Adolfo Prego hubiese firmado un manifiesto contra la Ley de Memoria Histórica con personalidades como Pío Moa o Federico Jiménez Losantos. 'Desconozco ese asunto y, por tanto, no voy a opinar sobre él', dijo en su primera rueda de prensa desde que se inició la campaña electoral para las europeas.