Las tensiones económicas y políticas en torno a la Corporación Radio Televisión Española (CRTVE) amenazan con minar la estabilidad del equipo directivo. El presidente de la institución, Luis Fernández, que se encuentra fuera de España en viaje de trabajo, estaría meditando su continuidad en el cargo, según fuentes del Consejo de Administración. El principal motivo del malestar lo constituye la nueva ley de financiación de la televisión pública, tanto por su contenido, que limita la capacidad de competencia de TVE, como por la forma en que se promovió desde la Vicepresidencia Primera del Gobierno. Su titular, María Teresa Fernández de la Vega, informó a la dirección de CRTVE de los detalles de la nueva ley cuando 'estaba el paquete cerrado', según las fuentes consultadas.

Las mismas fuentes sostienen que Luis Fernández, que ha declinado pronunciarse, no comparte la defensa activa del cambio de modelo televisivo que han mantenido los consejeros nombrados a propuesta socialista: Miguel Ángel Sacaluga, que fue subdirector de informativos de TVE en la etapa de María Antonia Iglesias, y Maricruz Llamazares. Ese cambio de modelo tiene como grandes beneficiarias a las televisiones privadas, agrupadas en UTECA, a las que irá a parar, total o parcialmente, el pastel publicitario que dejará de emitirse en la televisión pública a partir del 1 de enero de 2010.

Además de la transferencia de publicidad, el equipo directivo de RTVE teme que la televisión pública termine por ceder buena parte de su audiencia a sus competidoras privadas por ciertas limitaciones que la ley impone a TVE, como no dedicar más del 10% del presupuesto de aprovisionamientos, compras y servicios exteriores a la adquisición de eventos deportivos de interés público; no emitir más de 52 películas de estreno en la totalidad de sus canales; no 'sobrecotizar' por los derechos de 'contenidos de gran valor comercial', o rechazar patrocinios salvo en casos excepcionales de eventos deportivos o culturales.

Cuando el Gobierno anunció su voluntad de cambiar el modelo de la televisión pública, el presidente de UTECA, Alejandro Echeverría, no pudo ser más explícito al calificar de 'admirable' a De la Vega. La números dos del Ejecutivo había establecido con las televisiones privadas un mecanismo de diálogo sobre la futura ley audiovisual y, hasta entonces, no se había reunido con la dirección de CRTVE para intercambiar ideas sobre el futuro del modelo. A la Corporación no sólo le molestó este desplante, sino el hecho de que UTECA, al tiempo que era objeto de atenciones por parte de De la Vega, lanzaba una campaña de acoso contra la televisión pública, que no ha cesado.

El 30 de septiembre pasado, el Consejo de Administración de CRTVE aprobó por unanimidad el 'modelo de transición' que regirá la televisión pública hasta el 1 de enero. Según las fuentes consultadas, Fernández se sumó al consenso porque la ley es ya un hecho consumado y porque considera que en este momento lo que conviene es 'tirar adelante' en defensa de la compañía.

Fuentes socialistas admiten que el cambio del modelo de TVE 'pudo sentar mal' a Fernández, pero afirman que la ley es la más adecuada para conseguir una televisión de servicio público y de calidad. Sostienen que ciertas limitaciones establecidas en la norma no son tales en la práctica. Señalan, por ejemplo, que la televisión pública no suele pasar de 40 estrenos de películas al año, por debajo del tope fijado de 52. En cuanto a la limitación del 10% para la adquisición de eventos deportivos de interés general (unos 70 millones de euros), arguyen que es una cantidad 'muy digna' para una televisión de vocación pública, cuya mitad de los ingresos procederá de las arcas del Estado.

El desarrollo de la ley ya ha empezado a generar problemas. El miércoles pasado trascendió que la capacidad de gasto de la Corporación ya no será de 1.200 millones de euros para 2010, como se había dicho, sino que quedará reducido a 1.082 millones, porque TVE y RNE dejarán de ser sujetos pasivos del IVA y deberán empezar a pagar el impuesto en sus gastos. Otro escenario de posibles tensiones puede ser la presentación, este mes, de la próxima parrilla de programación por parte de la dirección ante el Consejo de Administración de CRTVE.

En el horizonte inmediato está asimismo la aprobación de la Ley General de la Comunicación Audiovisual, uno de cuyos artículos establece que las televisiones privadas deberán destinar el 5% de sus ingresos anuales a contribuir en la financiación de producción europea de largometrajes, cortos, documentales y series. Esa cifra se eleva al 6% para la televisión pública. El problema no es tanto ese punto de más, como que las televisiones privadas, al no estar sometidas a un control tan estricto como la pública, destinen casi todo el dinero a financiar series comerciales, que son lo realmente competitivo, creándose así una competencia desleal.