El "juicio del siglo" en Brasil ya ha condenado a prisión a tres dirigentes del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), pero sin arañar su caudal electoral ni la imagen de Luiz Inácio Lula da Silva, en cuyo primer mandato ocurrió el escándalo que juzga el Supremo.

El proceso, que se abrió el pasado 2 de agosto, ha desvelado una trama de corrupción que, según el Tribunal Supremo, el PT estructuró después de que Lula ganó las elecciones de 2002, que le llevaron por primera vez al poder.

La corte estableció que esa red se valió de recursos públicos desviados del Congreso y del estatal Banco do Brasil y sirvió para financiar campañas en forma ilegal y sobornar a cuatro partidos que se plegaron al Gobierno de Lula y le dieron la mayoría parlamentaria que no había obtenido en las urnas el PT.

El caso tuvo 37 acusados, de los cuales doce fueron absueltos.

Entre los 25 culpables, los más relevantes son el exministro de la Presidencia José Dirceu, durante décadas un fiel escudero de Lula; el expresidente del PT José Genoino y el antiguo tesorero de esa formación Delubio Soares.

Pese a que la corte calificó a Dirceu como "jefe" e "ideólogo" de toda la trama y consideró que muchas de las negociaciones tuvieron como escenario su despacho en el palacio presidencial, casi vecino al de Lula, la justicia no halló pruebas para implicar en el caso al exmandatario.

Dirceu fue condenado a diez años y diez meses de cárcel, mientras que las penas para Genoino y Soares fueron, respectivamente, de seis años y once meses y ocho años y once meses.

Aunque las penas fueron dictadas tras las elecciones municipales de octubre pasado, para entonces los dirigentes del PT ya habían sido declarados culpables, pero eso no influyó en el electorado.

En términos nacionales, el PT recibió el mayor caudal de votos en esas municipales y aumentó el número de ciudades bajo su control de 558 a 636, con un crecimiento del 13 por ciento.

El PT, con una participación plena de Lula en la campaña, hasta arrebató a la oposición la Alcaldía de Sao Paulo, la más importante del país, que había perdido en 2005.

Aunque el nombre de Lula ha sido citado casi a diario en un juicio transmitido por televisión, su popularidad no ha sufrido, según las encuestas de opinión.

Un reciente sondeo aseguró que si Lula fuera candidato del PT en las presidenciales de 2014 obtendría un 69,8 por ciento de los votos, mientras que si esa formación apoyase la reelección de su sucesora y actual presidenta Dilma Rousseff, ésta vencería con el 59 por ciento.

Al explicar ese fenómeno, muchos analistas políticos han evocado la famosa frase atribuida a un asesor del expresidente de EE.UU. Bill Clinton: "Es la economía, estúpido".

En efecto, y aunque ha pisado el freno este año, la economía del país permanece estable, con la inflación controlada, bajo desempleo y perspectivas de una fuerte retomada del crecimiento para 2013, todo lo cual se atribuye a Lula, a Rousseff y al PT y minimiza el impacto del juicio.

El analista Antonio Carvalho, de la Fundación Getulio Vargas, explicó a Efe que el efecto del escándalo ya había pasado por el dictamen de las urnas en 2006, un año después de ser denunciado, cuando Lula fue reelegido con el 60,8 por ciento.

Además, según dijo Carvalho, las corruptelas llevaron al PT a renovarse ya desde 2006 y a dejar atrás antiguos liderazgos, como los de Dirceu y Genoino, identificados con líneas más radicales, lo cual abrió paso a figuras políticas más moderadas, como la propia Rousseff o el alcalde electo de Sao Paulo, Fernando Haddad.

Los analistas también coinciden en que el "juicio del siglo" ha servido para derrumbar el viejo mito que aseguraba que los políticos jamás van a la cárcel en Brasil.

No obstante, en el Supremo reposan desde hace años cerca de 800 juicios contra políticos, aún no iniciados y muchos ya prescritos.

Uno de ellos se refiere a un caso similar ocurrido en 1998, que supuestamente financió la reelección del entonces gobernador de Minas Gerais y actual senador Eduardo Azeredo, del opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).

El Supremo tiene previsto juzgar ese caso el año próximo y, para muchos analistas, eso ha mantenido atenazada a la oposición, que casi no se manifestó sobre el llamado "juicio del siglo".