Luz verde del Congreso a la tramitación de ley que cambia el sector servicios

La denominada "Ley Ómnibus", que modifica 47 leyes sectoriales para su adaptación a la Directiva europea de Servicios, superó hoy su primer trámite parlamentario al no prosperar la enmienda a la totalidad de ERC-IU-ICV, por lo que el texto se debatirá en Comisión para introducir las enmiendas correspondientes.

Esta Ley tiene por objetivo impulsar la creación de empresas, la competencia y la internacionalización de las pymes en el sector servicios, que representa el 66% del PIB y del empleo en España.

La enmienda a la totalidad de ERC-IU-ICV fue rechazada por todos los grupos, a excepción del PNV, que se abstuvo.

El Proyecto de Ley modifica 47 leyes estatales de diversas áreas, entre ellas administración pública (3), consumo (1), servicios profesionales (3), empleo (4), servicios industriales y construcción (6), energía (3), transporte y comunicaciones (7), medio ambiente y agricultura (13) y sanidad (3).

En la defensa de este Proyecto de Ley en el Congreso, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, destacó que con esta reforma estructural del sector servicios se espera un incremento adicional del PIB de alrededor del 1,2% y la creación de 200.000 puestos de trabajo.

Caamacho calificó esta Ley de "crucial" porque de ella depende el bienestar de las familias y de las empresas, y añadió que servirá para dinamizar los servicios y mejorar su entorno regulatorio con la supresión de trabas no justificadas.

El texto, incidió Caamaño, ha sido objeto de un exhaustivo análisis sobre la situación del sector y subrayó su importancia por la necesidad de abordar reformas estructurales para impulsar la actividad económica y empleo y poder salir cuanto antes de la crisis.

En su opinión, la Ley no desregula, sino que regula mejor, y sienta las bases de una reforma ambiciosa en la regulación del sector, necesaria en el cambio de modelo económico.

Desde IU, Gaspar Llamazares defendió la enmienda a la totalidad de su grupo, por considerar que constituye un "cajón de sastre" y que se trata de una directiva anacrónica basada en las ideas que provocaron la crisis.

Además, aseguró que si el PSOE estuviera en la oposición se tiraría de los pelos por cambiar 47 leyes "de una tacada" y añadió que es "escandaloso" que se quiera simplificar el trámite en el control de la siniestralidad laboral.

Por parte de ERC, Francesc Canet consideró el texto excesivamente genérico y criticó que legisla sobre materias que no son del Gobierno, sino de las comunidades autónomas.

Emilio Olabarria, del PNV, grupo que se abstuvo en la votación, mostró su disconformidad sobre cómo se había traspuesto la Directiva, que ha hecho que las comunidades autónomas "tiemblen", porque "invade y vulnera brutalmente" sus competencias.

Desde CiU, Josep Sanchez Llibre, confió en el compromiso de Caamacho para mejorar el texto en su paso por Comisión, sobre todo para resolver su gran insensibilidad competencial y la voracidad del Estado al entrar en sectores que no debe.

Por su parte, Álvaro Nadal del PP, señaló que su apoyo a la Ley no significa dar un cheque en blanco al Ejecutivo, "porque no se puede poner la supervivencia de los colegios profesionales en manos del Gobierno".

Nadal mostró su malestar por el hecho "inaudito" de que durante su intervención en el debate sobre "la reforma estructural más importante", según el Gobierno, no hubiera ningún ministro en el Hemiciclo.

A esta crítica respondió posteriormente la diputada del PSOE María Antonia Trujillo al comentar que tampoco se encontraba presente el responsable económico del PP, Cristóbal Montoro.

La diputada del BNG, Olaia Fernández Dávila, también criticó que la ley invade las competencias de las comunidades autónomas.

La nueva normativa supondrá la modificación de 116 decretos leyes y normas autonómicas y municipales en las próximas semanas y eliminará 16 regímenes de autorización previa, otros 32 los sustituirá por comunicaciones previas, y suprimirá 111 requisitos.

Entre las principales modificaciones destaca la reforma de la Ley que regula los Colegios Profesionales, la mayor realizada desde 1997, y que afecta a un millón de trabajadores.