Macapagal ordena una investigación tras verse implicada en un caso de soborno

La presidenta filipina, Gloria Macapagal Arroyo, ordenó investigar el supuesto soborno de miembros del Congreso y gobernadores de provincias para bloquear un proceso contra ella de incapacitación para gobernar, confirmaron hoy fuentes oficiales.

La investigación fue ordenada después de que el sacerdote católico Eddie Panlilio, quien a su vez es el gobernador de la provincia de Pampanga, de la que es originaria la mandataria de Filipinas, revelara que él y otros políticos recibieron bolsas que contenían 500.000 pesos en efectivo (unos 11.300 dólares).

Panlilio afirmó el pasado lunes en rueda de prensa que las bolsas con dinero fueron repartidas por funcionarios del entorno de Macapagal Arroyo durante un acto oficial celebrado la pasada semana en el Palacio de Malacañang, la residencia presidencial.

Otro de los presentes en el acto y senador por Manila, Bienvenido Avante, explicó a los medios de comunicación que la presidenta estaba presente cuando se hizo el reparto de las bolsas con dinero, aunque precisó que Macapagal Arroyo en ningún momento pidió favores a cambio.

El Gobierno de Macapagal Arroyo ha rechazado la acusación y asegura que la Comisión Presidencial Anticorrupción llevará a cabo una investigación para identificar el origen del dinero y la identidad de las personas que supuestamente hicieron los regalos a los políticos y gobernadores.

"Nadie en Malacañang puede desembolsar o distribuir fondos sin la pertinente autorización y un auditoría previa", manifestó en rueda de prensa el portavoz de la Presidencia, Ignacio Bunye.

La acusación de supuesto soborno surge cuando políticos de la oposición intentan iniciar en el Congreso un proceso contra la presidenta para conseguir que sea declarada incapacitada para gobernar por su relación con el polémico contrato multimillonario firmado entre el Gobierno y la compañía china ZTE para la instalación de red nacional de internet por banda ancha.

El Tribunal Supremo suspendió el pasado 11 de agosto el polémico contrato de 330 millones de dólares firmado entre la Administración y ZTE ante indicios de irregularidades y de corrupción, incluidos sobornos a destacados funcionarios.

En septiembre, José Miguel Arroyo, marido de la presidenta, fue acusado ante el Senado por José de Venecia III, presidente de la empresa filipina que competía con ZTE para lograr el contrato, de intentar persuadirle para que renunciase al potencial negocio.

José de Venecia III es hijo del presidente del Congreso, Jose de Venecia Jr., quien, en declaraciones al canal de televisión CBN, ha sugerido que tras ese nuevo incidente baraja la posibilidad de apoyar a la oposición para intentar destituir a Macapagal Arroyo de la Presidencia.

La influyente Conferencia de Obispos Católicos deploró el pasado martes en un comunicado ese supuesto caso de soborno y destaco que "es decepcionante la bancarrota moral que demuestran nuestros líderes"

Por su parte, el principal asesor de Seguridad Nacional, Norberto González, advirtió hoy de que el alto nivel de corrupción se ha convertido en una de las mayores amenazas contra el desarrollo económico y la principal causa de que los filipinos desconfíen de la Administración, y de instituciones como la Comisión Electoral.

"Elevo la corrupción a amenaza para la seguridad nacional" declaró González en rueda de prensa.