El juicio contra el expresidente tunecino, Zine El Abidine Ben Ali, y su esposa Leila Trabelsi, ambos prófugos de la justicia desde que escaparon del país el pasado 14 de enero, se iniciará mañana para tratar la primera de las 93 acusaciones que pesan sobre ambos.

El matrimonio presidencial huyó del país, envuelto en las protestas contra el corrupto régimen, y encontró refugio en Arabia Saudí, donde permanece desde entonces.

Acusado, entre otros cargos, de homicidio voluntario, abuso de poder, complot contra la seguridad del Estado, malversación de caudales públicos y blanqueo de dinero, Ben Alí puede ser condenado a una pena que va de los cinco años de cárcel a la muerte.

El Gobierno de transición tunecino ha reclamado sin éxito su detención y extradición para ser juzgado de estas y otras acusaciones.

El jefe del Gobierno provisional tunecino, Beji Kaid Essebsi, anunció al comienzo de esta semana que Ben Alí sería además sometido a la jurisdicción de un tribunal militar.

En un comunicado difundido por sus abogados en el Líbano, el defenestrado presidente tunecino ha rechazado todas las acusaciones.

Ben Ali niega haber estado en posesión de las fabulosas sumas de dinero encontradas en su residencia que le atribuyen las autoridades y asegura que las armas halladas en los registros son de caza y obsequio de mandatarios extranjeros.

Igualmente rechaza la imputación de consumo de estupefacientes.

Este sábado, el secretario general del colegio de abogados tunecinos, Mohamed Rached Fray, anunció su total rechazo a asumir la defensa del mandatario prófugo, tras haber sido designado de oficio.

No obstante, aclaró que cinco letrados asistirán al procesado y él sólo se ocupará de la organización del equipo jurídico para garantizar el buen desarrollo del proceso judicial y garantizar los derechos de defensa del acusado.

Las protestas que desembocaron en la huida del país de Ben Alí comenzaron el pasado diciembre después de que el joven Mohamed Bouazizi se prendiera fuego en la localidad de Sidi Bouzid en protesta por los malos tratos policiales y de las autoridades locales.

La protesta social puso fin a la dictadura de Ben Alí en la que fue denominada "Revolución del jazmín" y en la que perdieron la vida unas 300 personas.