Otro mando de Ascó I se niega a declarar

El jefe de explotación de la central nuclear de Ascó I se negó este viernes a declarar ante la jueza de Gandesa (Tarragona) acerca del escape de partículas radioactivas producido el 26 de noviembre de 2007 y no revelado por sus responsables hasta el 4 de abril del 2008. Tal como hicieron los otros dos mandos, Jordi S. se acogió a su derecho de no declarar hasta que la instrucción esté más avanzada.

Montse Godall, portavoz de la Asociación Nuclear Ascó Vandellòs (ANAV), organismo que gestiona la central propiedad de Endesa, dijo a la salida de los juzgados que el directivo "declarará más adelante, cuando estén disponibles las pruebas periciales y otros informes". La jueza requirió una exhaustiva documentación.

Los responsables de la central esperan a que concluyan las pruebas periciales

Sí declaró, durante seis horas, el responsable de energía de Seguridad Nuclear de Greenpeace, Carlos Bravo, en calidad de perito independiente. La organización ecologista denunció la fuga horas antes de que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) la hiciera pública y este viernes anunció que se personarán como parte interesada en la causa.

Bravo empezó su comparecencia a las doce del mediodía y terminó casi a las ocho de la noche, hecho que obligó a aplazar, aún sin fecha determinada, la declaración del otro perito independiente citado por la jueza, Eduard Rodríguez, radiólogo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), y la del cuarto imputado, Antonio G., inspector residente del CSN.

Rafael G., director de Ascó 1 destituido poco después de conocerse el escape; Francesc G. T, jefe del servicio de protección radiológica, y Jordi S. R, jefe de la explotación, están acusados de los delitos de "exposición a radiaciones ionizantes por imprudencia", contra la "seguridad del trabajo", de delito "ecológico genérico" y otro de "falsedad documental". El inspector residente del CSN carga con las tres primeras. Las penas van de los 6 a los 16 años de cárcel.

Greenpeace se personará como parte interesada en la causa

La investigación del fiscal de Medio Ambiente de Tarragona no ha podido determinar, tras dos años de indagaciones, el número ni la naturaleza de las partículas radiactivas que salieron de la central tras desactivar el sistema de emergencia de ventilación y alterar el umbral de los sensores de radiactividad, según el relato del fiscal.

El CSN reclasificó la fuga del nivel 1 al 2 en la escala internacional de sucesos notificables (INES), de siete niveles, por la opacidad demostrada por la central. No se anuló ninguna de las visitas programadas durante los cinco meses que se ocultó la fuga. Más de 800 personas, entre ellas estudiantes de cuatro centros, tuvieron que ser sometidas a pruebas radiológicas. En todos los casos el examen dio negativo.

Es la segunda vez en la historia del parque nuclear español que se judicializa un incidente nuclear. Cuatro directivos de Vandellòs I, central también situada en Tarragona, fueron absueltos en 2000 por un incendio.