Una "marea amarilla" grita no a a la privatización del Registro Civil

Una "marea amarilla", compuesta por cientos de funcionarios de los registros civiles de toda España, ha recorrido hoy las calles del centro de Madrid, al grito de "No a la privatización del Registro Civil", en protesta por la reforma que prevé que su gestión pase a manos de los registradores de la propiedad.

Esta marea, a la que se han unido representantes de sindicatos (CSI-CSIF, UGT y COOO) y políticos (PSOE, IU y Podemos), ha llevado este mediodía sus reivindicaciones desde la plaza de Cibeles a la sede del Ministerio de Justicia en la calle San Bernardo, acompañada por una batucada y teñida de amarillo en sus camisetas y en los numerosos globos y pancartas con el lema: "No a la privatización del registro civil".

La manifestación ha sido convocada por quince organizaciones y por la Plataforma de funcionarios del Registro Civil de toda España, que desde hace más de dos años lucha contra esta reforma, impulsada por el anterior ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón.

En declaraciones a Efe, el portavoz de Justicia del sindicato CSI-CSIF, Javier Jordán, se ha dirigido al ministro de Justicia, Rafel Catalá, para indicarle que no es necesario "ningún experimento con los registradores de la propiedad".

"Parece cómo si se estuvieran inventando un problema para crear una solución", han lamentado.

Ha advertido además de que ese "experimento le va a salir caro a los españoles porque las cuentas no salen" y cree que redundará en que "los ciudadanos tendremos que pagar por servicios que ahora se prestan gratuitamente en los registros civiles".

Como ejemplo, ha señalado que con esa reforma "el expediente de matrimonio, que ahora es gratuito", podría costar "unos 90-100 euros", y ha recordado también que el pasado 8 de abril "se publicó en el BOE una partida de 4 millones de euros para el colegio de registradores porque dicen que hay un atasco de 150.000 expedientes de nacionalidad", lo que Jordán ha desmentido.

"Parece cómo si se estuvieran inventando un problema para crear una solución", ha lamentado.

En cuanto a la polémica de si los registradores son funcionarios públicos, ha indicado que "así lo dice una ley y un reglamento, pero su forma de trabajar es la de un empresario particular", ya que "contratan a su personal y tributan por IVA" y ha recordado además que el gobierno les ha encuadrado en el régimen general de autónomos y trabajadores por cuenta propia.

El próximo jueves, según este portavoz, el Ministerio les ha convocado para una reunión sobre este asunto, "pero ni nos han dicho para qué y ni nos han dado documentación", y ha reclamado al ministro que reconsidere "su posición y atienda nuestra propuesta alternativa de registro civil público, gratuito y electrónico".

Por su parte, el portavoz en materia de Justicia de CCCO, Javier Hernández, en declaraciones a Efe, ha alertado también a la ciudadanía de que con la reforma del registro civil "van a acabar cobrando por servicios que hoy son gratuitos" y se van a crear "otros nuevos servicios obligatorios, que también tendrán que pagar bien directamente o a través de impuestos".

"Es todo mentira lo que dice Catalá y Rajoy, que además es registrador de la propiedad. Es un interés directo, una presunta corrupción del presidente del Gobierno, el que actúe en una decisión para entregar (el registro civil) a un colectivo al que pertenece él, dos de sus hermanos y miembros del Gobierno", ha afirmado Hernández