Martinsa presenta concurso de acreedores y el Gobierno dice que no intervendrá

La inmobiliaria Martinsa-Fadesa presentó hoy la petición de concurso voluntario de acreedores, situación que ha llevado a sus bancos acreedores a dotar partidas específicas frente a posibles impagos, mientras que el Gobierno insiste en que no intervendrá en el sector.

Martinsa-Fadesa presentó a última hora de esta mañana en el Juzgado de lo Mercantil de A Coruña, donde tiene su domicilio social, el concurso voluntario de acreedores (antigua suspensión de pagos), situación a la que se ha visto abocada para "garantizar la continuidad de su proyecto empresarial".

Desde el Ejecutivo la postura no intervencionista ha sido la respaldada hoy por varios de sus responsables, en tanto que algunas de las 45 entidades que participan en el sindicato bancario que refinanció 4.000 millones de euros de deuda a Martinsa-Fadesa han notificado dotaciones para anticiparse al impacto del concurso voluntario de acreedores.

Junto con el mensaje no intervencionista, el Ejecutivo ha mostrado su apoyo tanto a los trabajadores de la inmobiliaria como a los consumidores que tienen comprometida la construcción de una vivienda, tal y como ha manifestado la vicepresidenta primera María Teresa Fernández de la Vega.

En paralelo a la petición del concurso de acreedores, Martinsa-Fadesa ha presentado un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará a 234 trabajadores, a los que ofrece indemnizaciones de 25 días de sueldo por año trabajado, oferta que los sindicatos han rechazado.

Los sindicatos han exigido además a la empresa un plan de viabilidad, ya que les preocupa el futuro de la compañía, cuya actividad está paralizada y cuyos responsables sólo garantizan el pago de los salarios correspondientes al mes de julio.

Además de los 234 despidos directos contemplados en el ERE, los sindicatos cuantifican que la pérdida de empleo indirecto podría llegar a afectar a otros 2.000-4.000 trabajadores pertenecientes a empresas subcontratadas por la inmobiliaria.

A pesar de la situación, la compañía presidida por Fernando Martín confía en poder continuar con su actividad, aunque esos planes podrían frustrarse por las dificultades que encontrará para vender parte de un patrimonio que está valorado en cerca de 11.000 millones de euros.

Una vez que los bancos decidieron no alargar más los plazos de pago, la inmobiliaria ha intentado recurrir al Gobierno, no sólo solicitando los 150 millones de euros que necesitaba para evitar la suspensión de pagos al Instituto de Crédito Oficial (ICO), sino también recurriendo al Ministerio de Vivienda para que a través de la entidad estatal de suelo SEPES le comprara suelo por ese importe, según fuentes conocedoras del proceso.

Entre tanto, algunas entidades financieras acreedoras de la inmobiliaria han notificado dotaciones específicas para insolvencias, como es el caso de Caja Madrid y La Caixa, que han provisionado 271 y 192 millones de euros, respectivamente, con cargo a los resultados de este año.

En concreto, Martinsa-Fadesa adeuda a Caja Madrid unos 1.000 millones de euros y a La Caixa más 700 millones.

La misma operación están llevando a cabo otras entidades como el Banco Popular, que ha dotado provisiones en el primer semestre por 100 millones de euros y Caixa Galicia, por 78 millones, mientras que Bancaja anunció que mantiene una "adecuada cobertura de riesgos".

La falta de liquidez derivada de la restricción del crédito es, según las dos grandes asociaciones de promotores, la principal causa de la situación en la que se encuentra Martinsa-Fadesa.

Así, el G-14, grupo que aúna a las principales inmobiliarias y que estaba presidido por Fernando Martín, pidió al Gobierno medidas que reactiven el crédito, en tanto que la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE) quiere reunirse con el Ejecutivo y la banca para buscar soluciones al problema.