Hace hoy justamente dos años, el primer Consejo de Ministros tras las elecciones legislativas del 9-M aprobó un paquete de una docena larga de medidas económicas. Aún no hablaba de crisis. El decreto ley que recogía aquellas medidas subrayaba que 'los sólidos fundamentos' de la economía española permitían 'hacer frente a la coyuntura adversa derivada de las perturbaciones económicas internacionales, principalmente las turbulencias en los mercados financieros, la profunda desaceleración de EEUU y el alza de los precios del crudo y de determinadas materias primas y alimentos'.

Luego vino la crisis financiera profunda tras la quiebra de Lehman Brothers y el pinchazo de la burbuja inmobiliaria en España. Y con ello, decenas de medidas más para hacer frente a la recesión más severa en la historia reciente en España,que ha llevado al paro a dosmillones de personas.

Las medidas de gasto y fiscales representan más del 7% del PIB

En la primera mitad de la legislatura, el Gobierno ha puesto en marcha más de 140 medidas de todo tipo, las primeras para paliar el impacto de recesión y, las más recientes, para sentar las bases de un nuevo modelo de crecimiento tras la salida de la crisis. El catálogo es muy amplio: ha habido, primero, rebajas de impuestos (para estimular la demanda), y luego, aumento de la presión fiscal (para reducir el déficit); programas de gasto público; reforzamiento de las prestaciones sociales; incremento de los instrumentos de financiación públicos; subvenciones y ayudas; dinero para sostener el sector financiero y muchas otras modificaciones legislativas.

Ahí están la deducción de 400 euros en el IRPF, los 8.000 millones para obras de los ayuntamientos (este año, 5.000 millones), las líneas del ICO, la eliminación del Impuesto sobre el Patrimonio, el Plan 2000E de ayudas para la compra de coches, los avales para la banca, la nueva prestación de 420 euros (ahora 426) para los parados, el plan de infraestructuras, la reforma del sector servicios, la Ley de Economía Sostenible (sólo esta norma modifica más de 40 leyes), el plan de austeridad, y el desarrollo del llamado Pacto de Zurbano.

La diversidad y extensión de los planes de choque de estos 24 meses son el principal argumento en las críticas de los expertos, que ven en todos ellos improvisación y falta de coherencia.

Economía asegura que todas las medidas son 'coherentes'

El Gobierno rechaza esta crítica. Ángel Torres, secretario general de Política Económica, que desde el Ministerio de Economía ha estado en el núcleo de la elaboración de los planes anticrisis, asegura: 'Hemos sido muy conscientes de lo que se hacía en cada momento'. 'Cierto que las medidas se han ido adoptando sobre la marcha, cuando sucedían los acontecimientos; pero sí ha habido coherencia en lo que estábamos haciendo. Además, muchas cosas se han hecho en coordinación con los países de la UE y del G-20', subraya Torres. No obstante, admite otra de las críticas que recaen repetidamente sobre los planes del Ejecutivo: 'No digo que no hubiéramos podido hacerlo mejor desde el punto de vista de la comunicación'.

El grueso de las actuaciones acordadas por el Gobierno se han dirigido a hacer frente al shock financiero y al desplome del ladrillo. Son las que mayores recursos económicos han absorbido. Según los cálculos de los expertos, entre apoyo a la banca, rebajas y mayores devoluciones de impuestos, y programas de gasto, se han movilizado más de 70.000 millones de euros (un 7% del PIB), sin contar los fondos del ICO.

Angel Torres destaca que, además de las medidas 'coyunturales para parar el golpe, en paralelo se han puesto en marcha reformas que tengan un efecto positivo en el corto plazo y vayan ayudando a cambiar el patrón de crecimiento'. 'A la gente se le llena la boca pidiendo reformas estructurales y ya hemos puesto en marcha algunas importantes, como la del sector servicios. Otra cosa son las reformas del sector financiero y la laboral, que se mueven en otros ámbitos', concluye.