Más de 4.600 jueces están llamados hoy a la huelga convocada por la APM

Más de 4.600 jueces están llamados hoy a secundar una jornada de huelga, convocada por la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) en protesta por lo que considera un incumplimiento de los compromisos del Gobierno y que no tiene el apoyo de las otras tres agrupaciones de jueces.

Se trata de la segunda huelga que vivirá la carrera judicial en su historia y sólo ocho meses después de la que se desarrolló el pasado 18 de febrero, convocada entonces por otras dos asociaciones: la Francisco de Vitoria, segunda en número de asociados, y el Foro Judicial Independiente.

Al igual que ocurrió entonces, para la jornada de paro de hoy no se han fijado servicios mínimos ya que, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el ejercicio del "hipotético" derecho de huelga de jueces y magistrados carece actualmente de soporte normativo.

La primera huelga de jueces fue secundado por un 35,58 por ciento de los magistrados en ejercicio, según los datos del CGPJ, cifra que los convocantes, que consideraron un éxito la jornada, elevaron al 60 por ciento.

Casi la mitad de los miembros de la carrera judicial están asociados y, de ellos, unos 1.200 pertenecen a la APM, asociación que decidió en junio convocar el paro por considerar insuficientes los resultados logrados en las negociaciones con el Gobierno.

Junto a la APM, más de una decena de juntas provinciales de jueces han expresado su apoyo a esta medida de presión, entre ellas Málaga, Valencia, Castellón, Las Palmas, Ibiza, Zamora, Toledo, Murcia, Albacete, Guadalajara, A Coruña, Ourense y Zaragoza.

Por el contrario, hay casos como el de la Junta de Jueces de Madrid que ha evitado pronunciarse sobre el paro y ha llamado a la unidad a todas las asociaciones judiciales para mejorar la "crítica" situación de la Justicia española.

Tras la convocatoria de junio y después de las reuniones que han mantenido las asociaciones con el Ministerio de Justicia, la APM ha criticado duramente el Plan de Modernización de la Justicia aprobado por el Gobierno y que considera "claramente inadmisible".

Las otras tres asociaciones -las dos convocantes del primer paro y Jueces para la Democracia- no irán a la huelga porque creen que el Ministerio de Justicia ha dado pasos y se han atendido algunas reivindicaciones, por lo que consideran que no hay motivos suficientes para ello.

Mientras, Justicia insiste en que no hay razones para la huelga: según el ministro Francisco Caamaño, un 90 por ciento de las reivindicaciones de los jueces ya han sido atendidas y, además, el presupuesto para 2010 será -ha dicho- "la mayor inversión de la historia de la democracia" en modernización de la Administración de Justicia".

En un argumentario distribuido por el Ministerio, Justicia asegura que este Gobierno es el que más ha invertido en Justicia en la historia de la democracia y que es "falso" que los presupuestos de Justicia se incrementen sólo un 9,67 por ciento, ya que ese dato no tiene en cuenta el "presupuesto homogeneizado" -descontando las transferencias de competencias-.

El Ministerio añade que la suma de la inversión estatal y de las comunidades autónomas en materia de Justicia alcanzó en 2008 los 4.000 millones de euros.

Reitera además que en los próximos tres años se van a dedicar 600 millones de euros adicionales a la Justicia y que este compromiso se materializará con 218 millones de euros para la puesta en marcha del Plan Estratégico en 2010, año en el que se destinará un 102,88 por ciento más a la modernización.