Más de un millón de inmigrantes extracomunitarios podrían votar en 2011

El ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, ha explicado hoy que España ha firmado convenios con doce países extracomunitarios para permitir el voto a los inmigrantes que demuestren su integración en España, lo que podría hacer que en las municipales de 2011 más de un millón de extranjeros vayan a votar.

Así ha respondido Moratinos durante la sesión de control al Gobierno, a una interpelación de Jordi Xuclà sobre los acuerdos que ha alcanzado hasta ahora el Ejecutivo con diversos países para permitir el voto en España a sus ciudadanos, pactos que, según el diputado de CiU, se han hecho sin informar a la subcomisión para la reforma electoral que se creó en el Congreso.

El ministro ha señalado que, por el momento, se han sellado doce acuerdos que cumplen los requisitos establecidos, especialmente la reciprocidad a la hora de que los españoles residentes en aquellos países también puedan ejercer el derecho al voto en sus elecciones municipales.

Según ha dicho, el Consejo de Ministros ya ha autorizado los convenios con Colombia, Perú, Argentina, Islandia, Trinidad y Tobago, Ecuador, Burkina Faso, Cabo Verde, Chile y Paraguay (la mayoría de ellos ya firmados), y el próximo mes autorizará también los de Corea y Nueva Zelanda, cuya negociación ha concluido satisfactoriamente.

Hay otros tres países con los que se podrían alcanzar acuerdos próximamente (Bolivia, Uruguay y Venezuela), ya que se está a la espera de que reciban los informes pertinentes de sus administraciones para proceder a la firma.

Todos estos convenios suponen, ha dicho el ministro, que más de 1.100.000 ciudadanos extranjeros (el 42 por ciento de los extracomunitarios que viven en España) podrían votar en las elecciones municipales -no así en las generales, donde no tienen derecho a voto- si demuestran su arraigo habiendo vivido en España ininterrumpidamente los cinco últimos años.

Otros requisitos para poder votar son haberse inscrito en el padrón municipal o solicitar la inscripción en el censo electoral de extranjeros.

El ministro ha subrayado el éxito con el que se han llevado a cabo todas las negociaciones de los convenios, que suponen también una "medida de justicia", una ampliación de derechos a personas que tributan en España y que disfrutan de los servicios de los municipios donde viven.

Moratinos ha agregado que su Ministerio continuará trabajando para extender este derecho, y ha dicho que pedirá la opinión en la nueva fase de negociaciones con países como Marruecos o la República Dominicana, con los que hay que hacer un "mucho trabajo" por lo "delicado" de la interpretación sobre la reciprocidad en sus propios procesos electorales.

El ministro, además, ha querido desvincular estos acuerdos con el respeto que hagan los distintos países a los derechos humanos, alegando que no se puede penalizar a un ciudadano extranjero que vive en España por la situación política y jurídica de su país de origen.

Jordi Xuclà, por su parte, ha expresado el acuerdo de CiU con el fondo de la cuestión pero no con las formas, al entender que el Ministerio de Exteriores en ningún momento ha informado ni discutido con la subcomisión parlamentaria creada para la posible reforma de la Ley Electoral General.

Bajo su punto de vista, el Gobierno "ha servido al Parlamento un plato ya en su fase final de cocción", sin permitir una participación activa en la toma de decisiones, y ha reclamado que el Ejecutivo deje de actuar "de espaldas" al Congreso.

Xuclà ha discrepado también con el hecho de que para votar se tengan que acreditar cinco años de residencia ininterrumpida en España, periodo que, en su opinión, no demuestra necesariamente arraigo, y ha pedido además que se tenga en cuenta el respeto a los derechos humanos de los países con los que se suscriben los acuerdos.