Con la mirada fija en el suelo, C. H. S., Cocó, de 14 años, reconoció ayer ante el juez de menores que ella mató a Cristina Martín de la Sierra, la niña de 13 años cuyo cuerpo sin vida apareció oculto en una antigua fábrica de yesos de Seseña (Toledo) el pasado mes de abril. No dio detalles de cómo y por qué lo hizo. No hacía falta. Su asunción de culpa servía también para dar por bueno el relato de los hechos que había realizado la fiscalía en su escrito de acusación y en el que se detallaba cómo Cocó asesinó a su compañera de instituto durante una discusión por un chico tras golpearle la cabeza con una piedra y cortarle la venas de la muñeca con una navaja. Luego, ocultó bajo tierra y cascotes el cuerpo inerte de la menor, que terminó muriendo tres días después desangrada, según reveló en su día el informe forense.

Su reconocimiento de culpa también suponía la aceptación de la pena que el ministerio público y la acusación particular en nombre de la familia de la víctima pedían que se le impusiera: cinco años de internamiento y tres más de libertad vigilada, la máxima que permite la Ley de Responsabilidad del Menor para un caso de asesinato con alevosía. Y, con ello, que la vista por el crimen, que comenzaba ayer en los Juzgados de Menores de Toledo y que estaba previsto que durase tres días, se redujese a sólo 15 minutos de vista. El tiempo necesario para que la propia Cocó y la otra menor que se sentaba en el banquillo, N. N. N., también de 14 años, y sobre la que pesaba la acusación de encubridora por no revelar dónde había arrojado su amiga el cuerpo de Cristina, asumieran con unas escuetas palabras su responsabilidad en los hechos.

Cuando las pronunciaron, en la sala había poco más de 15 personas, según detallaron a Público fuentes jurídicas. Allí estaban el juez, el fiscal, los abogados de la acusación y las dos defensas, los dos agentes de la Guardia Civil de paisano que las custodiaban y las familias de las tres protagonistas del crimen. Sentados justo detrás de las dos acusadas, los padres de ambas, presentes en la sala como exige la ley. A un lado, los progenitores de la víctima y el hermano de esta, quienes por primera vez veían el rostro de la adolescente que mató a Cristina.

Este momento estaba previsto que se produjera a las 10 de la mañana, pero se retrasó más de dos horas. Fue el tiempo en el que los abogados de ambas partes y el fiscal permanecieron reunidos en el despacho de este último para intentar alcanzar una sentencia de conformidad que evitase los tres días de vista previstos, durante los que debían declarar una treintena de testigos, entre ellos los padres y el hermano de Cristina, además de forenses y peritos.

Fuentes de la propia Audiencia Provincial reconocían a este diario a primera hora de la mañana que el juez de menores iba a hacer un intento en este sentido. Finalmente se logró después de que la acusación particular y la fiscalía aceptasen reducir la pena para la segunda menor acusada, la encubridora: a los dos años de régimen de semilibertad y uno de libertad vigilada que se solicitaban, se eliminó este último.

El juez sólo tendrá ahora que decidir cuál es la indemnización que los padres de Cocó deberán abonar a la familia de la víctima. El ministerio público solicita 150.000 euros. La abogada de la acusación particular, María Ponte, reclama 300.000 euros.

Al término de la corta vista, la familia de Cristina se declaró "satisfecha", pero "no contenta, porque tenían que haber sido condenadas a cadena perpetua", como se encargó de señalar a los periodistas Francisco, el padre de Cristina. De hecho, desde que fue asesinada su hija, él y su familia lanzaron una campaña para exigir un endurecimiento de la Ley del Menor en la que han contado con el apoyo de padres de otras víctimas de menores y del PP.