Prácticamente todas las comunidades autónomas están de acuerdo con complementar las ayudas de 1.500 euros del Plan 2000E del Gobierno para incentivar la compra de vehículos. En los últimos días se han sumado más gobiernos autonómicos a la propuesta que les hizo el Ejecutivo central para que contribuyan con 500 euros a los 500 que aporta el Gobierno y los 1.000 de las marcas. Ocho ya han manifestado su conformidad, la última el País Vasco, mientras que dos socialistas, Catalunya y Baleares, mantienen diferencias.

Las comunidades que aportan 500 euros lo hacen bajo la condición de que el ciudadano esté empadronado en su territorio desde el 1 de enero de este año. Aún así, alguna autonomía revela que será laxa en este aspecto. Sólo Andalucía no pone ningún inconveniente en ayudar a cualquier comprador. Pero en otras existe recelo, más que económico, político. El motivo es que las comunidades gobernadas por el PP no se han sumado a la propuesta de Zapatero y llevarán a cabo planes propios, a excepción de Castilla y León.

Por ello existirán notables diferencias. La más destacada será la de la Comunidad de Madrid. Sólo en este caso los compradores de vehículos poco contaminantes no tendrán ayuda o ésta será mucho más reducida frente a los 500 euros de otras comunidades. Madrid ha aprobado una rebaja del 20% del impuesto de matriculación, cuando a la práctica, los vehículos que emiten menos de 120 gramos de CO2 ya no pagan este gravamen, que también es reducido en el tramo de 120 a 140 gramos de CO2.

Murcia, también gobernada por el PP, tiene un Plan Renove para la compra de furgonetas, pero no incentiva la adquisición de turismos. La consejería de Industria afirmó este martes que sólo aceptará dar los 500 euros si el Gobierno apoya también económicamente su plan para vehículos comerciales de hasta 30.000 euros que emitan menos de 140 gramos de CO2, para los que ofrece 1.200 euros. 'Si contribuye a nuestro plan, el dinero que nos ahorraremos lo destinaremos a los turismos', explicó un portavoz a Público.

Por el momento, tan sólo dos comunidades socialistas, Catalunya y Baleares, no han confirmado su participación. Afirman que están estudiando cómo hacer cuadrar sus cuentas para dar los 500 euros. Coincide en que son las dos autonomías con mayor déficit fiscal, y la reclamación del Ejecutivo central de que aporten dinero justo en el momento en que están negociando cómo lograr más holgura con un nuevo modelo de financiación les ha sentado como una patada en el hígado. En Catalunya, el PSC es más favorable, si bien Industria, en manos de ERC, afirma que 'no hará seguidismo' y abre la puerta a aprobar una ayuda de diferente cuantía.