Médicos y enfermeros de Madrid convocarán una huelga conjunta

El sindicato de médicos AMYTS y su homólogo de enfermeros SATSE, mayoritarios entre los sanitarios madrileños, han acordado convocar "una huelga conjunta de médicos y personal de enfermería para finales de enero o primeros de febrero", y no descartan que sea "indefinida". Así lo han anunciado tras una reunión de sus ejecutivas celebrada esta mañana, en la que han manifestado que "se oponen frontalmente" al plan de medidas sanitarias aprobado el pasado 27 de diciembre, que supondrá la privatización de la gestión de seis hospitales y 27 centros de salud en la Comunidad de Madrid.

Teniendo en cuenta la necesidad de comunicar la huelga con, al menos, diez días de antelación para que se puedan acordar los servicios mínimos, la previsión es que el paro pueda tener lugar "a finales de mes o comienzos del siguiente", ha dicho el portavoz de AMYTS, Pablo Martínez.

Desde AMYTS consideran que "una huelga de médicos y enfermeros juntos sí que puede paralizar de forma absoluta la sanidad", y recuerdan que los médicos y enfermeros, con amplia representación en la Mesa sectorial de Sanidad, "han colaborado históricamente" en otras ocasiones para "alcanzar entre ellos una mayoría" frente a los sindicatos de clase, según la misma fuente. Los dos colectivos han hecho "un llamamiento al resto de organizaciones para que se sumen a la convocatoria haciendo patente la unidad de los profesionales sanitarios en el rechazo" a la puesta en marcha del plan del Gobierno regional.

Las ejecutivas de SATSE y AMYTS se reunirán la semana próxima para determinar la duración de la huelga, que "no descartan que sea indefinida, y realizar los trámites previstos en la legislación vigente para llevar a cabo la convocatoria". Ambas organizaciones "lamentan los perjuicios que puedan ocasionarse a la población" y apuntan en una nota que "toman esta medida, absolutamente extrema, ante la obsesión unidireccional del Gobierno de la Comunidad de Madrid por privatizar la gestión de la sanidad pública".

Según ambos sindicatos, la privatización responde a "motivos más ideológicos que económicos, ya que se han aportado a la Administración regional propuestas alternativas que alcanzan el ahorro que necesitan para ajustar los Presupuestos de 2013 sin necesidad de privatizar, ni de reducir las plantillas".

AMYTS presentó ayer su propio plan alternativo al del Gobierno regional, en el que asegura que sin despidos de personal podrían ahorrarse hasta 602,5 millones de euros en 2013. La propuesta, que AMYTS también ha enviado a la ministra de Sanidad, Ana Mato, analiza los pormenores de las distintas partidas y plantea un ahorro superior en 69,5 millones de euros al diseñado por la Consejería madrileña de Sanidad, que asciende a 533 millones de euros.

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha calificado de "injustificada" la nueva huelga de médicos convocada por AMYTS y SATSE si la razón es que la "privatización" se asocia a una "pérdida de derechos y servicios", pues ha señalado que este argumento es "falso".

Tras conocer que ambas organizaciones han convocado una nueva huelga, que podría tener carácter indefinido, González ha señalado que tiene que esperar a ver cuáles son las razones de dicho paro y ha afirmado que respeta "el que cada uno pueda hacer las demandas y reivindicaciones que considere oportunas".

González ha añadido que, si además, "se pretende utilizar la atención que tienen derecho los pacientes a recibir por los servicios que pagan", le parece que "no es admisible y no se puede jugar con ellos para hacer reivindicaciones, por muy legitimas que sean". En su opinión, hay que garantizar la prestación de los servicios "con independencia de que se puedan plantear reivindicaciones".

Antes de conocer la nueva convocatoria de huelga, González ha asegurado que en el Gobierno están "abiertos a todas las medidas de ahorro y reducción efectiva de gasto sanitario" porque no pueden incurrir en déficit, y que si bien hay medidas que los profesionales sanitarios asumen, como la centralización de compras, o la minoración de la farmacia hospitalaria, hay otras que no y las alternativas "tienen que producir ahorro efectivo".

Lo que "no es razonable", en opinión del presidente, es que "algunos de los profesionales", con unas reivindicaciones que no comparte pero respeta, "y que tienen que ver con intereses personales o sindicales", jueguen con los ciudadanos. "No hay justificación, por ejemplo, para que las altas se hayan retrasado un 43 por ciento", ha apostillado.