No basta con tomar medidas si luego no se llevan a la práctica. La primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero ha sida la más prolífica de la democracia en medidas contra la corrupción pero, como subrayan unánimemente los expertos en derecho consultados por Público, también han resultado ser (con muy pocos matices) absolutamente ineficaces.

Entre las más destacadas se cuentan la modificación de la ley de financiación de los partidos políticos, la nueva regulación de los contratos del sector público, la reforma de la Ley del Suelo, las creación de secciones de medio ambiente y urbanismo en todas las fiscalías, la aprobación del Código del Buen Gobierno, la regulación de los conflictos de intereses de los altos cargos, o el Estatuto Básico del Empleado Público.

Manuel Villoria, profesor de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos y miembro del comité de dirección de la sección española de Transparencia Internacional (TI), destaca en la lista de actuaciones positivas la ratificación de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y de la Convención de la OCDE contra el soborno a funcionarios extranjeros en transacciones internacionales, así como la firma (pendiente de ratificación) de la Convención Penal contra la Corrupción del Consejo de Europa. Pero "el problema es que estas convenciones y las normas españolas deben implementarse para que sirvan para algo y muchas de ellas no se implantan adecuadamente. Parece como si una vez aprobada la norma ya todo se olvidara", lamenta Villoria. Y "la norma hay que desarrollarla, cumplirla, ejecutarla".

Sin informe anual

Un buen ejemplo, razona, es el Código de Buen Gobierno, que "no lo conocen ni los ministros, ni los altos cargos", del que nunca "se ha redactado el informe anual" estipulado y para el que no existe ningún órgano independiente encargado de vigilar su cumplimiento.

Algo parecido pasa con la reforma de la Ley del Suelo que introdujo la exigencia de dar publicidad a los registros de patrimonio e intereses de los alcaldes y concejales. "No llega al 10% el número de ayuntamientos donde eso se ha hecho", denuncia. "Sí ha mejorado", admite Villoria, "el trabajo de la Guardia Civil, de la Unidad de delitos económicos del Cuerpo Nacional de Policía o de la Fiscalía, pero estas instituciones trabajan ya cuando el mal se ha producido".

Lo que mejor ha funcionando es el refuerzo de la investigación

El profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Salamanca Rafael Bustos coincide con esta opinión ("lo que mejor está funcionando es el reforzamiento de las unidades especializadas de represión de la corrupción", asegura) pero Jorge F. Malem, profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad Pompeu Fabra, echa en falta más medios materiales y humanos al servicio de la fiscalía anticorrupción y de los distintos organismos policiales encargados de luchar contra "la delincuencia político-económica".

Sin comparación

Entre lo que no está funcionando Bustos incluye también el Código de Buen Gobierno. "Si lo comparamos con otros códigos parecidos, por ejemplo el del gobierno británico, resulta un poco ridículo". Y "la nueva ley de financiación de los partidos, sinceramente, me parece que no cambia los aspectos esenciales y problemáticos de la financiación".

El profesor salmantino es más benévolo a la hora de juzgar la Ley del Suelo. "Lo cierto es que la gestión del urbanismo es tan compleja que sólo la ley no puede evitar la aparición de fenómenos de corrupción", expone. Y es que, como señala Francisco Alcaraz, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Alicante, las medidas adoptadas no atajan las verdaderas causas del problema: un modelo de crecimiento económico basado en "el todo vale de la construcción, que exige negocios rápidos y connivencias múltiples para maximizar el beneficio en el menor tiempo posible", y unos partidos políticos que insisten en hacer listas electorales sin atender al interés público y en jugar a la falta de transparencia.

En parecidos términos se expresa el profesor de Ciencia Política de la Universidad de Granada Rafael Vázquez, según el cual los fallos en la puesta en marcha de muchas medidas anticorrupción son consecuencia de que la cultura política de los ciudadanos "se acerca mucho más a los parámetros de la cultura de súbdito (aquel que asume y hasta legitima cualquier actuación de los poderes públicos) y cultura política parroquial (propia de los individuos preocupados por el entorno privado más inmediato) que a una verdadera cultura cívica, el modelo ideal de ciudadano respetuoso con los valores democráticos".

Un problema al que hay que sumar, añade, "la tradicional forma de hacer política y de gestionar cualquier asunto público", que "se ha venido basando en la maximización del beneficio propio a cualquier precio". Es "la cultura del pelotazo, que ya existía en el franquismo y que ha seguido desarrollándose", explica.

Entre los fallos de las medidas anticorrupción Vázquez, como muchos de los expertos consultados, destaca el escaso éxito cosechado por la reforma de la Ley del Suelo. Puesto que la gestión urbanística corresponde por lo general a los ámbitos municipales, donde menor control ha existido hasta el momento, los gobiernos autonómicos "aún no han sido capaces de atajar los excesos urbanísticos existentes", muchas veces por imposibilidad normativa de actuación y en otras ocasiones por connivencia con los propios consistorios municipales, asegura.

La complejidad urbanística

En opinión de Fernando Jiménez, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Murcia, en España "conviven problemas de naturaleza normativa (una regulación deficiente que introduce incentivos para la corrupción) con problemas de aplicación efectiva de las normas". A veces se regula "más o menos bien un tema (por ejemplo las incompatibilidades), pero fallan los mecanismos para que tales normas se apliquen en la práctica y se sancionen adecuadamente los incumplimientos". En su opinión, "quizás el campo que tenga una mejor regulación es el de la contratación pública, pero tiene una aplicación ciertamente mejorable: habría que mejorar la transparencia de las adjudicaciones y la aplicación de sanciones a las desviaciones".

La ley de financiación de los partidos, que debería ser la clave de bóveda de la lucha contra la corrupción, ha seguido siendo un coladero incapaz de cortar el flujo irregular de fondos del sector privado hacia las arcas de las organizaciones políticas. Aunque Enrique García Viñuela, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid, se distancia de las críticas a la nueva ley de financiación de los partidos polítcios. "No sabemos cómo está funcionando en la práctica debido a que no disponemos de los informes de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre las contabilidades de los partidos. La ley entró en vigor en enero de 2008 y el último informe publicado por el Tribunal de Cuentas corresponde al año 2005. Por tanto, desconocemos si los partidos están aplicando la nueva ley o si van a ser sancionados por las infracciones que cometan. Mientras estuvo en vigor la ley de financiación de los partidos anterior, la de 1987, no se hizo ninguna de ambas cosas", asegura.