Medidas para evitar que los políticos blanqueen dinero

Los cargos políticos serán más controlados en sus operaciones y transacciones económicas. La nueva ley antiblanqueo que prepara el Gobierno, para trasponer la última directiva de la UE en la materia, incluye a las personas que se dedican a la política dentro de los colectivos con "un alto riesgo de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo".

Las entidades obligadas a elaborar protocolos de control y prevención, especialmente la banca (pero también gestoras de fondos de inversión, notarios, abogados, asesores fiscales, casinos, promotores inmobiliarios y joyeros, entre otros), deberán tener "medidas reforzadas" para el caso de los políticos, según el texto preparado por el Ministerio de Economía.

La ley los llama "personas del medio político", una adaptación de la expresión politically exposed persons que incluye la directiva de la UE. Son personas, nacionales y extranjeras, "que desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas importantes, los jefes de Estado, jefes de Gobierno, ministros, secretarios de Estado o subsecretarios; los parlamentarios; los miembros de tribunales supremos, tribunales constitucionales u otras altas instancias judiciales".

También se incluye a embajadores, miembros de consejos de bancos centrales, altos funcionarios de las fuerzas armadas, directivos de empresas públicas y altos cargos y cargos electos de autonomías y ayuntamientos. El control, además, se extienden a familiares más próximos y personas allegadas.

Procedimientos estrictos

La norma impone medidas concretas, muy estrictas, que la banca y el resto de entidades deben aplicar

La norma impone medidas concretas, muy estrictas, que la banca y el resto de entidades deben aplicar en las operaciones con políticos: tendrán "procedimientos adecuados para identificar si el cliente es un político", han de contar con la autorización de la dirección para establecer relaciones de negocios con estos clientes, deberán adoptar medidas para determinar el origen del patrimonio y de los fondos con los que se realizará la operación y llevarán un seguimiento "permanente" de la relaciónde negocios.

La norma va mucho más allá de lo que marca la propia directiva de la UE, que plantea que los controles deben ser, como mínimo, para los políticos que abran cuentas o realicen otras operaciones lejos de su país de origen. "El que hayamos sido tan ambiciosos es una señal de que este es un tema que nos importa", dijeron fuentes del Ministerio de Economía.