Melilla burla reiteradamente la Ley de Memoria Histórica

Las plazas y calles de la ciudad autónoma de Melilla cuentan con demasiados recuerdos de la época franquista. Dos estatuas de Franco, el monumento al Ejército o a la Victoria, varios escudos en edificios oficiales, honores al General y más de cincuenta calles con un nomenclátor preconstitucional, continúan ensalzando la memoria franquista dos años después de entrar en vigor la Ley de Memoria Histórica sin que la asamblea, gobernada por el Partido Popular, haga nada por evitarlo.

Con la retirada a finales del pasado año de la estatua militar de Santander, Melilla tiene el triste honor de ser el único territorio español donde sigue presente el dictador, incumplimiento la legalidad, y de forma reiterada. Además de la conocida estatua de cuerpo entero que la ciudad le dedicó al caudillo en 1977 y que está situada en una de las zonas de acceso a la ciudad, el acuartelamiento Tercio Gran Capitán de La legión tiene en sus dependencias una estatua ecuestre en bronce del comandante Francisco Franco que es visible desde el exterior. Junto a estas dos estatuas es especialmente sangrante la continuidad, en pleno centro de la ciudad, del monumento al Ejército o de la Victoria, un águila de San Juan de enormes dimensiones rematado con la inscripción "Una grande y libre".

Movimiento ciudadano

La colocación de este gran símbolo franquista en este céntrico lugar no fue casual. Se erigió sobre lo que fue un antiguo bar regentado por un concejal de Izquierda Republicana donde se reunían grupos de trabajadores. "Además de que en esta ciudad nadie se atreve a tocar nada, aun no se ha reparado el honor de cientos de damnificados", explica Enrique Delgado, portavoz del Colectivo ciudadano para la supresión de símbolos franquistas.

Él mismo señala que junto a estos "significativos monumentos", existen otros de "menor entidad pero igual importancia" como la rotulación de 56 calles con nombres de militares y alusiones a la época franquista, otros escudos en edificios oficiales y las distinciones a Franco de la medalla de oro de la ciudad concedida en el 41, así como los títulos de alcalde honorario y perpetuo, que a su juicio deberían desaparecer inmediatamente.

Una isla contra la legalidad

En el caso de Melilla, el cumplimiento con la legalidad vigente por parte del gobierno que preside el popular Juan José Imbroda se antoja alejado ante estas manifestaciones de la época franquista aun presentes en la ciudad. Para Dionisio Muñoz, secretario general del PSOE en Melilla, "el Partido Popular juega con el nacionalismo exacerbado de una parte de los melillenses de una forma muy interesada". Muñoz continua con su discurso diciendo que "Melilla es una isla, incluso en el cumplimiento de la ley". Para Hassan Mohatar, secretario de organización de Coalición por Melilla, "si antes eramos los adelantados, por el título que dio a la ciudad Franco, ahora somos sin duda los retrasados de España", afirma con rotundidad. El Partido Popular, con el que este medio ha intentado ponerse en contacto en repetidas ocasiones, no ha querido manifestarse al respecto.

Respecto al incumplimiento de la legalidad, en concreto el artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica, Cecilio Gordillo, responsable del grupo de memoria histórica de CGT Andalucía, es tajante: "En este caso debería actuar la Fiscalía porque sino el ayuntamiento va jugando con la aplicación de la ley hasta que no lo ordena un juez". Para Gordillo, en esta "lucha" es muy importante que la sociedad civil exija y demande los cambios, aunque es realista de que en este conglomerado "hay un alto porcentaje de militares y personas vinculadas a ellos".

Los últimos de Filipinas

Los cambios en la ciudad autónoma no parece que vayan a producirse a corto plazo ya que el gobierno conservador ha dejado aparcado el tema y el Ministerio de Defensa (administración competente para la retirada de los elementos situados en los cuarteles) no se ha pronunciado al respecto. De esta manera, Melilla se queda a la cola de las ciudades españolas que, con más o menos resistencia, van aplicando la normativa. En este aspecto, en ciudades como Santander, Oviedo o La Coruña, poco a poco se van haciendo los deberes. En otras localidades, aun queda mucho por hacer.