Méndez sugiere que habrá dimisiones por los escándalos de UGT pero que no será la suya

No son buenos tiempos para la Unión General de Trabajadores (UGT). Las noticias sobre la supuesta desviación de fondos para formación que gestiona el sindicato y su implicación en el escándalo de los ERE de Andalucía están afectando duramente a la imagen de la formación y del sindicalismo en general.

Así lo ha constatado el secretario general de UGT, Cándido Méndez, en rueda de prensa posterior al Comité Confederal del sindicato, que se ha celebrado durante el miércoles y el jueves de esta semana en Madrid.

Para Méndez, la federación andaluza, que es donde se han prudicido las supuestas irregularidades, "va a dar cuentas" sobre cada asunto, aunque ha destacado que de momento "no hay imputaciones". Sobre las posibles responsabilidades políticas, el secretario general asegura que está "meridianamente claro" que se asumirán si "ése es el caso" y ha admitido que él "acumula una responsabilidad, sin ningún genero de dudas" como líder del sindicato, pero también que la responsabilidad "material y política" está en cada una de las instancias de la organización, dejando claro que ninguna de las posibles dimiones será la suya. También ha puesto espcial énfasis en el comité extraordinario convocado por la federación andaluza el 9 de enero.

El Comité Confederal ha dado su respaldo a UGT-Andalucía, si bien le ha exhortado a "extremar su esfuerzo de información" ya que la "campaña maliciosa" política y mediática de "hostigamiento" que está sufriendo la organización está desgantando la imagen propia y ajena a marchas forzadas. Del mismo modo demanda este esfuezo informativo a todas las demás federaciones.

Sin embargo, en la resolución UGT declara la "firme voluntad" de dar cumplimiento al código ético del sindicato cuya "posible vulneración pudiera ser causa de la exigencia de las responsabilidades políticas oportunas".

Informaciones falsas

En la conclusión sobre su situación interna, UGT asegura que "son falsas las acusaciones de determinados medios sobre el desarrollo de la formación para el empleo promovida por el sindicato" e insiste en que está "fuertemente comprometido" con la formación permanente.

También hace una referencia al Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES), del que destaca su "reconocido prestigio" y su objetivo de gestionar la formación "como fundación sin ánimo de lucro".

Además, el comité denuncia la intención de "transformar imputaciones aisladas, que se están investigando" en una "causa general contra la organización sindical, elevando a la categoría general de sospecha la actuación global del sindicato, como si ya se hubiera emitido una sentencia condenatoria".

Este comité, máximo órgano entre congresos y el primero que se celebra tras el 41 Congreso Confederal, también ha aprobado una serie de resoluciones sobre la situación actual.

Estacamiento de la actividad económica

En este sentido, el comité, advierte de que las previsiones económicas y del empleo anuncian el "estancamiento" de la actividad económica, la no creación de empleo y el incremento de la pobreza y la desigualdad.

"Con reformas laborales regresivas -dice el texto de la resolución- no se conseguirá crear empleo ni facilitar la salida de la crisis".

Asimismo, este órgano avisa que la ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014 "mantendrá la política de recortes del gasto público y de los derechos y servicios públicos" y "obstaculizará la salida pronta de la crisis".

Por ello, el comité opta por promover un nuevo contrato social para Europa "frente a las erróneas políticas de la Troika".

En esta línea, estima que el impulso de la actividad económica a través del consumo "vendrá de la mano de la suficiencia de los salarios y de las pensiones públicas" y apuesta por preservar el sistema de pensiones conforme al Pacto de Toledo.

Finalmente, el comité también ha aprobado una resolución sobre el cierre de RTVV, que deja en paro a 1.600 trabajadores, en la que subraya que se trata de una "decisión política" que "sólo busca evitar que salga a la luz el destino de los 1.200 millones de euros desaparecidos en el ente durante los 18 años de Gobierno del PP".