En España, como consecuencia de la mercantilización de los servicios sanitarios y la consiguiente consideración de los ciudadanos como clientes en lugar de usuarios de estos servicios, están aumentando las querellas contra los profesionales sanitarios por la posible comisión de errores o negligencias. Este tipo de pleitos aún hoy son raros en nuestro país si se compara con otros donde la sanidad es casi privada (Estados Unidos) y están directamente relacionados con la introducción del ánimo de lucro en el ámbito de la sanidad y la inducción al consumismo sanitario, escenarios donde los clientes pueden sentirse estafados por el servicio/producto sanitario 'contratado' y, en consecuencia, querellarse para resarcirse económicamente de los daños que creen haber sufrido innecesariamente.

Esto ha provocado que se haya desarrollado la llamada medicina defensiva, que consiste en exigir al paciente la firma de múltiples consentimientos y la realización de pruebas y exploraciones, la mayoría de ellas innecesarias y algunas potencialmente lesivas, con el objeto de asegurarse la suficiente defensa profesional ante un posible litigio. Las consecuencias para la salud de este tipo de prácticas pueden ser graves, pues multiplican los costes, rompen con la confianza médico-paciente y retrasa de manera innecesaria el tratamiento.

El otro efecto es el aumento del precio de los seguros de responsabilidad civil profesional para protegerse de los pleitos y que en lugares como EE UU han llegado a suponer una cuantía tan importante que algunas prácticas sanitarias, como la atención al parto por los ginecólogos, han sido de hecho abandonadas por los profesionales, temerosos de tener que afrontar permanentemente querellas procedentes de la parturienta o de sus familiares.