El titular del Juzgado de Instrucción 47 de Madrid, Juan José Sierra, ha prorrogado un mes el secreto de las diligencias en las que se investigan presuntas irregularidades en la retirada de residuos biosanitarios y humanos de la Clínica Isadora. El proceso comenzó por una denuncia de la asociación La Vida Importa. Se prevé conocer las actuaciones el próximo 19 de febrero.

Hasta ahora, no hay ningún imputado y las diligencias consisten en la recogida de veinticinco historias médicas de las mujeres que acudieron a esta clínica abortista el pasado año. Por el momento, no se ha citado a declarar a ningún profesional sanitario del centro.

La portavoz de Isadora, Marisa Castro, explicó que la directora general de Calidad de la Comunidad de Madrid, Patricia Flores, reconoció, en una reunión con las clínicas abortistas, la existencia de inspecciones 'abusivas'. Aseguró que son por el incremento exagerado de denuncias recibidas por mail, probablemente, de asociaciones provida y no por mala praxis, según Marisa Castro.

Acoso como en Leganés

La portavoz de Isadora comparó el acoso a la clínicas de interrupción del embarazo por parte de organizaciones con el de la Comunidad de Madrid a los profesionales del Hospital Severo Ochoa. 'Son los mismos actores con distinto reparto', afirmó. Pidió la dimisión de la presidenta regional, Esperanza Aguirre, por quebrar la relación médico-paciente.

Las asociaciones promotoras de una campaña de recogida de autoinculpaciones de aborto cerraron ayer la iniciativa y comenzaron el recuento para presentarlas en un juzgado de Madrid, posiblemente la próxima semana. Al cierre de este periódico, seguían contabilizándolas y sin decidir la fecha. Justa Montero, portavoz de la Asamblea Feminista de Madrid, destacó que han recibido más de mujeres pero también 'muchísimas' de hombres. El fin es denunciar la inseguridad jurídica de las que abortan.