Tras fracasar las negociaciones con el Gobierno y después de una semana de protestas, miles de indígenas están hoy concentrados en el suroeste colombiano para iniciar mañana una gran marcha hacia la ciudad de Cali, en reclamo de sus tierras ancestrales y contra el genocidio del que dicen son víctimas.

Entre 8.000 y 12.000 nativos ultiman en Piendamó, departamento del Cauca, los preparativos de la marcha, que transcurrirá "de forma pacífica", confirmó a Efe Feliciano Valencia, consejero del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).

Valencia explicó que hoy "fuerzas militares intentaron entrar en Piendamó, pero la Guardia Indígena les cerró el paso".

Una tensa calma se vive después de ocho días de protestas que desembocaron la semana pasada en duros enfrentamientos entre nativos y policías con el resultado de al menos un muerto y unos 150 heridos, muchos por herida de bala y entre ellos un policía que perdió sus dos manos al estallarle un explosivo.

El secretario general de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Luis Fernando Arias, dijo a Efe que esperan llegar el 28 de octubre a Cali, donde celebrarán una gran "minga" (reunión comunitaria) a la que han invitado al presidente colombiano, Álvaro Uribe, para exponerle personalmente sus demandas.

De no asistir el mandatario a la convocatoria, la marcha seguirá hasta Bogotá, agregó Arias.

Y es que el presidente Uribe propuso este fin de semana que el Estado compre las tierras que reclaman los nativos para luego entregárselas, pero éstos no ven con buenos ojos la iniciativa y exigen una reunión directa con el mandatario.

"La idea es entrar a Cali con 20.000 personas, que en el transcurso de la marcha se vaya incorporando más gente de distintas zonas del país", matizó Arias.

La movilización "será pacífica, nos vamos a tomar sólo un carril de la Panamericana. El control va a ser de la Guardia Indígena y estamos pidiendo a los militares que no hagan presencia", anunció, por su lado, Valencia.

El portavoz del Consejo Indígena del Cauca explicó a Efe sus reclamos, entre ellos, "el resarcimiento del nombre de las comunidades después de que el Gobierno haya calificado de guerrilleros a los nativos", al vincularlos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Rechazan los Tratados de Libre Comercio y exigen la derogatoria de las iniciativas legislativas que ponen en riesgo la pervivencia de sus comunidades, así como la adopción por parte del Estado de la Declaración Universal de los Pueblos Indígenas.

Los nativos condenan asimismo la denominada "política de seguridad democrática" implantada por Uribe como forma de lucha contra la guerrilla y "el apoyo militar al Plan Colombia".

Exigen el cumplimiento de los acuerdos con los indígenas, que "nunca han sido cumplidos en su totalidad", aclaró Valencia, así como de los convenios internacionales en materia de recuperación de tierras, costumbres y explotación de recursos naturales.

Valencia explicó que en los últimos días representantes de organismos internacionales "han verificado sobre el terreno la situación".

Y en este sentido, el ministro colombiano de Defensa, Juan Manuel Santos, pidió hoy a la policía que investigue si organizaciones internacionales están financiando las protestas, tras solicitar a los nativos disculpas públicas por las heridas causadas al policía que perdió sus manos.

"He pedido a las autoridades de la policía que investiguen si efectivamente hay o no presencia de dinero del exterior", matizó el ministro en un foro organizado por la Procuraduría.

Pero los nativos no están dispuestos a disculparse porque -según denuncian- desde que Uribe llegó al poder, en 2002, "han sido asesinados 1.253 indígenas en Colombia y por lo menos 54.000 han sido expulsados de sus territorios ancestrales".

"Es urgente unirnos las víctimas de esta violencia, buscar una propuesta de paz", manifestó el dirigente de CRIC, antes de manifestar que el país está "siendo gobernado por delincuentes" y denunciar que los paramilitares siguen presentes.