Los militares brasileños no quieren perder la impunidad

En ningún país resulta fácil afrontar el pasado y depurar responsabilidades: de eso saben mucho en Latinoamérica, especialmente allá donde se sufrieron dictaduras militares en los setenta. Pero mientras en los últimos años países como Argentina y Chile han comenzado a procesar a quienes fueran sus tiranos, en Brasil, un cuarto de siglo después del fin de la dictadura que gobernó la nación entre 1964 y 1985, sigue pendiente la cita con la historia.

Consciente de ello, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva proponía el pasado 21 de diciembre la creación de una Comisión Nacional de la Verdad para investigar los delitos que se cometieron al amparo de aquel régimen. Al día siguiente, se desataba la que muchos califican como la peor crisis político-militar en los siete años de presidencia de Lula.

La Comisión, propuesta dentro de un Programa de Derechos Humanos, pretendía identificar a los responsables de 475 muertes o desapariciones y de las torturas a 20.000 personas durante ese periodo. En cambio, los militares lo interpretaron como un intento de derogar la Ley de Amnistía de 1979, una ley de punto y final sobre esa etapa de Brasil.

Dimisiones

El proyecto que fue tildado de "provocador y revanchista" por los militares, también contemplaba el cambio de nombres y edificios que fueron bautizados en homenaje a los dirigentes de la la dictadura.

El ministro de Defensa, Nelson Jobim, y los tres comandantes de las Fuerzas Armadas el general Enzo Peri, del Ejército, el general Juniti Saito, de la Fuerza Aérea, y el almirante Julio Moura Neto, el comandante de la Marina pusieron la semana pasada sus cargos a disposición del presidente, quien no aceptó las dimisiones y acabó cediendo a sus presiones: Lula se comprometió a "revisar" los aspectos más delicados del proyecto y retrasó hasta abril una definición del plan.

Una vez más, la cúpula uniformada hizo valer su fuerza. "La presión militar es fortísima", confesó un miembro del Gobierno al diario Folha de Sao Paulo.

Lucha armada

Cuando la crisis saltó a las páginas de los diarios, el ministro de Justicia y uno de los precursores del proyecto, Tarso Genro, minimizó lo ocurrido y aseguró que Lula "lo resolverá todo cuando regrese" de vacaciones el 11 de enero. Sin esperar a esa fecha, los militares siguieron haciendo ruido: el parlamentario responsable de Defensa, Raul Jungmann, aseguró que "la crisis está solucionada, pero va a dejar secuelas porque se ha quebrado la confianza" de los mandos del Ejército.

Uno de los aspectos que más les ha molestado es la ausencia de referencias en el texto del proyecto al otro lado, el de los militantes de izquierdas que utilizaron la lucha armada para combatir la dictadura. Un general lo expresó con contundencia en declaraciones al diario O Estado de Sao Paulo: "Si quieren colocar a coroneles y generales en el banco de los acusados, también vamos a poner a Dilma [Rousseff, candidata de Lula a las presidenciales de este año]", dijo en alusión al pasado guerrillero de la ministra.

Polémica amnistía

Lo cierto es que la ley de 1979 protege a unos y a otros; pero no se trató de una amnistía consensuada por las dos partes, sino de una ley impuesta por los dictadores antes de su disolución para garantizarse la impunidad.

El proyecto presentado por Lula no hablaba de derogar la Ley de Amnistía, pero sí de identificar a víctimas y verdugos, lo que podría abrir una vía para la depuración de responsabilidades. Máxime cuando el Supremo Tribunal Federal, la máxima corte del país, está analizando desde hace más de un año una demanda de familiares de asesinados y torturados para acabar con la impunidad.

La Corte Suprema está debatiendo si los casos de tortura y homicidio deben ser incluidos entre los "crímenes políticos" de que habla la ley. La cuestión llegó al alto tribunal después de que un juez de São Paulo rechazase que el ex coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, después condenado por torturas, se acogiese a la amnistía para evitar el proceso.

Heridas por cicatrizar

Al contrario que en Argentina, Chile o Uruguay, en Brasil todavía queda un largo camino por recorrer para que cicatricen las heridas que dejó el oscuro capítulo de la dictadura. La polémica sobre la amnistía surge de tanto en tanto, pero la indulgencia de Lula hacia los militares dista mucho de la firmeza de Néstor Kirchner y Michelle Bachelet.

No lo ha tenido fácil: cada vez que se ha avanzado un mínimo hacia el fin de la impunidad, las Fuerzas Armadas brasileñas han reaccionado en bloque y con rapidez, hasta conseguir que se entierre el debate. Una capacidad de influencia que lleva a preguntarse hasta qué punto la cúpula militar sigue controlada por la misma elite que gobernó el país durante el régimen militar.

Los familiares piden justicia

Agosto de 2008
Los ministros de Justicia y Derechos Humanos cuestionan públicamente la Ley de Amnistía que protege los crímenes de la dictadura. Los militares tildan de “terroristas” a los ministros, en alusión a su pasado militante guerrillero de izquierda. El ministro de Defensa sostiene que hay que mirar al futuro y no al pasado. Se acaba enterrando la cuestión.

Octubre de 2008
El ex coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra es condenado por torturar a tres disidentes, entre 1970 y 1974, mientras dirigía el Destacamento de Operaciones e Informaciones del régimen militar.

Octubre de 2008
Las familias de las víctimas piden que se reinterprete la Ley de 1979, que protege los “crímenes políticos y conexos”, para que entre estos no se incluyan las torturas y asesinatos perpetrados por los mandos militares de la dictadura. Los familiares piden privar del beneficio a “agentes públicos responsables de la práctica de tortura, homicidio, desaparición forzada, abuso de autoridad, lesiones corporales y violaciones de opositores políticos”. El caso pasa a al Superior Tribunal Federal, que actualmente sigue revisando la ley.

Julio de 2009
El Gobierno crea un comité especial para permitir que los familiares de guerrilleros desaparecidos durante la dictadura participen en la búsqueda de cuerpos que se inició el pasado agosto en la Amazonía.

Agosto de 2009
El Estado brasileño decide indemnizar a casi 31.000 personas que sufrieron persecuciones o perdieron a familiares durante la dictadura.