El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha propuesto hoy el establecimiento del pago de un depósito de "escasa cuantía", que ha calificado de "tarifa plana", previo a la interposición de un recurso ante los tribunales para disuadir a los que "abusan" de esta práctica.

En su primera comparecencia ante la Comisión de Justicia del Senado, Caamaño ha destacado la necesidad de replantearse el sistema de recursos "para evitar el abuso del Derecho que tanto daño hace a la Justicia" y conseguir así que no se sature el sistema con "cadenas de recursos".

Por ello, ha propuesto un depósito para "disuadir a quienes pretenden siempre recurrir sin fundamento alguno", que en ningún caso se trataría de una tasa, ya que si el ciudadano gana el recurso se le devolvería el dinero.

Los ingresos que se obtuvieran de este depósito se destinarían a financiar el proceso de modernización de la Justicia, en concreto la plataforma de conexión de los sistemas informáticos, y a sufragar la justicia gratuita.

Con esta medida, ha señalado Caamaño, se conseguirían tres objetivos: desalentar al recurrente que abusa, garantizar la conexión de los sistemas informáticos y "acordarnos de los que tienen menos" potenciando el beneficio de la Justicia gratuita.

Sobre el proyecto de ley para la implantación de la nueva oficina judicial, en trámite parlamentario, el ministro ha explicado que en las enmiendas que presentarán los grupos se ha buscado una fórmula "razonable y satisfactoria" sobre la agenda de señalamientos que equilibra las funciones de los jueces y los secretarios judiciales.

En relación a la regulación en esta ley de la fe pública judicial, Caamaño ha indicado que en ciertos supuestos y cuando el secretario judicial así lo determine, ya sea por la complejidad o notoriedad del juicio o porque lo pidan las partes, el secretario judicial podrá estar presente en la vista.

Diferentes colectivos de la Justicia habían advertido de que la reforma legislativa que suprime la obligatoriedad de la presencia física de los secretarios judiciales de las vistas podía provocar la anulación de miles de juicios.

En respuesta a Alfredo Belda, portavoz del grupo mixto, que le ha pedido que adopte medidas que impidan una huelga de jueces "que solo pagarán los ciudadanos", el ministro de Justicia ha dicho que las reuniones con las asociaciones judiciales se celebran en un clima de trabajo muy fructífero.

"Si va a haber un paro o no, no es una decisión que corresponda al Ministerio de Justicia", ha destacado Caamaño, quien ha insistido en que a día de hoy "no hay motivo" para la huelga convocada para el 26 de junio.

Los portavoces de todos los grupos parlamentarios han ofrecido su colaboración al ministro para sacar a la Justicia de la situación en la que se encuentra.

Agustín Conde, portavoz popular, ha expresado su intención de cooperar para lograr los objetivos que comparte su grupo con el Gobierno en esta materia, aunque ha dicho que tiene "cierta prevención" por la experiencia de los 5 años anteriores del ejecutivo socialista que "se han perdido" en Justicia.

Tras mostrarse de acuerdo con Caamaño en eliminar la "pena de banquillo", Conde ha reclamado también abolir lo que ha denominado "la pena de primera plana de El País" por las filtraciones, ha dicho, de documentos de causas judiciales.

También se ha referido el portavoz popular al aumento de la litigiosidad y se ha preguntado si no se deberá a una "profunda inseguridad jurídica" debido a la "bonoloto judicial" que supone la disparidad de criterios en los juzgados y tribunales.

Respecto a la propuesta de establecer un depósito previo a la presentación de un recurso, Conde ha cuestionado si sólo los ricos serán los que puedan recurrir, y ha bromeado sobre la posibilidad de que, en caso de que el recurrente gane, el depósito se lo quiten al juez de la nómina.